Sánchez, ante la mayoría más frágil: los obstáculos que encontrará el nuevo gobierno

La semana que dejamos atrás ha venido marcada por la rúbrica a aquello que ya sabíamos. Pedro Sánchez seguirá siendo el presidente del Gobierno por un máximo de cuatro años más tras lograr el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Es la tercera vez que lo logra: tras la moción de censura con la que reemplazó a Rajoy —en junio de 2018—, tras los comicios de 2019 y este jueves.

El segundo Gobierno de coalición de la historia de España echará a andar esta semana. Lo hará tras semanas de escenificación de una negociación por la que el PSOE ha pagado una factura elevada. La ley de amnistía acordada con Carles Puigdemont y que hoy por hoy es una mera proposición de ley ha abierto heridas: en parte de la sociedad española, en la calle y en el propio PSOE.

Pasar por el aro de Puigdemont era el único camino de Sánchez si, como se ha comprobado, su único e irrenunciable propósito era mantenerse en la Moncloa. Para el flamante presidente, el fin ha justificado los medios y el resultado ha sido una investidura que abre una legislatura muy incierta desde el punto de vista aritmético. ¿Tiene solidez el Gobierno con la composición actual del Congreso?

Una mayoría progresista muy dudosa

En 2019, Sánchez fue investido presidente gracias a la suma de distintas fuerzas progresistas, además del PNV. La aritmética del Congreso permitía, más allá de ulteriores apoyos que pudiera conseguir el Ejecutivo, articular una mayoría de izquierdas. Los 155 escaños del Gobierno —PSOE y Unidas Podemos— llegaban a la mayoría absoluta sumados a ERC (13), Bildu (5) y tres escaños más (a escoger entre Compromís, Más País, el BNG, Teruel Existe o Nueva Canarias).

Pese a que los números eran nítidos y permitían una suma netamente de izquierdas, el Ejecutivo tenía alternativas y las usó durante el mandato. El PNV, de forma recurrente, o Ciudadanos, de forma más ocasional, apoyaron medidas del Gobierno. Era la llamada ‘geometría variable’, que permitía a Sánchez sacar adelante sus propuestas con los socios más proclives ideológicamente a aprobar cada una de ellas.

Sin embargo, las elecciones del 23 de julio pusieron fin a esta posibilidad. La nueva distribución del Congreso de los Diputados obliga al Gobierno a buscar siempre una mayoría con los mismos socios. Sánchez tendrá en contra, en la práctica totalidad de votaciones, al bloque de la derecha: 171 escaños (137 del PP, 33 de Vox y 1 de UPN).

Ello le obliga a lograr el apoyo o la abstención, en cada propuesta, de ERC (7), Junts per Catalunya (7), Bildu (6) y el PNV (5). Son las cuatro fuerzas con capacidad de bloquear las iniciativas del Gobierno en caso de voto contrario y, por lo tanto, son pieza fundamental de la mayoría de la legislatura que ahora arranca. Pese a que el Gobierno buscará también su apoyo, BNG y Coalición Canaria, con un parlamentario para cada formación, no cuentan con este peso específico.

El PNV y Junts, las llaves que ponen en duda la mayoría progresista

Ante esta situación, la pregunta es evidente: ¿podrán apoyar ERC, Junts, Bildu y el PNV todas las propuestas del Gobierno? Un simple vistazo al acuerdo de los socios de coalición —PSOE y Sumar— permite, como mínimo, levantar ciertas dudas. Mientras que ERC y Bildu son formaciones ideológicamente cercanas a socialistas y ‘yolandistas’, el perfil del PNV y Junts es muy distinto.

En el caso del partido de Carles Puigdemont, se trata de una mezcla heterogénea. Si bien el ala más enconada en el independentismo suele apoyar posiciones más izquierdistas, buena parte de la formación procede directamente del centroderecha catalanista, históricamente representado por Convergència i Unió (CiU). Más clara es la ubicación del Partido Nacionalista Vasco: de corte liberal e históricamente ligado a la democracia cristiana, el PNV es una formación nítidamente de centroderecha.

Todo ello lleva al ‘quid’ de la cuestión: Junts y, sobre todo, del PNV, pueden ser escollos insalvables en algunas de las medidas ya pactadas por el PSOE y Sumar.

El impuesto a la banca y a las energéticas, el primero de muchos posibles desencajes

Antes de cerrarse el pacto de investidura ya pudimos observar los primeros desajustes entre el programa del Gobierno de coalición y la línea del PNV. PSOE y Sumar pactaron hacer permanente el impuesto a la banca y a las compañías energéticas. Los nacionalistas vascos advirtieron que dicho impuesto debía respetar el concierto económico vasco y el convenio navarro, poniendo de este modo condiciones a lo acordado entre los socios de Gobierno.

Días después, el acuerdo entre el PSOE y el PNV ya contempló traspasar la recaudación de dicho impuesto directamente desde el concierto vasco. La medida —con Iberdrola y BBVA, con sede fiscal en Euskadi, como principales afectadas— es de especial interés para los nacionalistas vascos, muy bien conectados con las élites económicas de la región.

Este primer desajuste puede ser un preludio de lo que ocurra cuando se pretendan aplicar medidas ya pactadas por PSOE y Sumar. Las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional hasta el 60% del salario medio, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas o el refuerzo del sistema estatal de Salud —con la competencia transferida al País Vasco— son otros terrenos que pueden abonar la discrepancia de los ‘jeltzales’ y, en menor medida, de Junts.

Conscientes de ello, desde el Partido Popular ya se ha empezado a abonar la brecha que puede abrirse entre el Gobierno y sus socios de centroderecha. En relación con la reducción de la jornada laboral, el portavoz del PP, Borja Sémper, lanzó un dardo a Junts y al PNV. “Ya sabemos lo que piensa Podemos, pero, ¿qué opinan Junts y el PNV de esta medida?", se preguntaba.

A su posición ideológica, hay que sumar, en el caso de Junts, el cumplimiento de los acuerdos del PSOE con Puigdemont. Junts ya amenazaba esta semana, durante la sesión de investidura, con una abstención en primera votación tras un discurso de Sánchez que no agradó a sus filas. Aunque finalmente no se consumó la advertencia, lo cierto es que contribuye a aumentar la desconfianza entre ambas formaciones.

Junts, con una relación con el PSOE marcada por los recelos mutuos, no da síntomas de ser un socio estable para el Gobierno. Cualquier obstáculo o freno a lo pactado puede representar, en vistas a lo que ha ocurrido esta semana, una amenaza a la mayoría parlamentaria que sustenta al Ejecutivo. Se aventura, pues, una legislatura aritméticamente endiablada.

El decreto-ley, más un parche que una solución

Ante este panorama, el Gobierno no cuenta con alternativas mágicas que permitan obviar la incerteza que generan algunos de sus socios. Todos los proyectos de ley que lleguen a las Cortes desde el Consejo de Ministros deberán contar con el apoyo —o abstención— de ERC, Bildu, PNV y Junts. Será, pues, una legislatura marcada por negociaciones duras y votaciones al límite.

La aplicación de las medidas progresistas pactadas por PSOE y Sumar deberá, pues, pasar esta prueba de fuego de forma inexorable. Aunque existe una fórmula jurídica que permite al Gobierno promulgar normas con rango de ley, estas deben contar con el visto bueno del Congreso de forma obligatoria.

Se trata de los decretos-ley, que permiten aplicar una medida de forma provisional directamente desde el Consejo de Ministros. Ahora bien: en un máximo de 30 días, el decreto-ley debe convalidarse —de forma total o con enmiendas— por parte del Congreso, de modo que, nuevamente, son imprescindibles ERC, Bildu, Junts y el PNV. La medida, pues, puede ser usada por el Gobierno para ganar tiempo de negociación con dichos grupos, pero deberá contar con todos ellos para aplicar las medidas que desee de forma definitiva.

Con este escenario, la legislatura empieza a caminar con una fragilidad inédita. La dependencia de las cuatro mencionadas fuerzas y la distancia ideológica con Junts y muy especialmente el PNV pueden ser la tónica que marque el ritmo de los próximos cuatro años de gobernanza en nuestro país. Una mayoría de porcelana que deberá sobrevivir —y ya veremos si lo logra— a un peligro de hacerse añicos que será constante.