Europa Press Presentan una querella criminal contra Yolanda Díaz
Aún colea su reunión con Puigdemont
La vicepresidenta del Gobierno, en calidad de no se sabe muy bien qué, visitó esta semana al expresident Carles Puigdemont, prófugo de la justicia. No ha trascendido exactamente el contenido de la reunión. Pero la líder de Sumar se mostró muy satisfecha y convencida de que habrá investidura.
Primero fue Vox quien solicitó al Tribunal Supremo la declaración testifical de Yolanda Díaz y Jaume Asens tras reunirse con Puigdemont. Ahora, otra querella acorrala un poco más a la vicepresidenta. Esta vez la acusan de presunta omisión en perseguir delitos.
De seis meses a dos años de inhabilitación
La querella ha sido presentada por el abogado Rubén Gisbert, que considera que el viaje de Yolanda Díaz a Bruselas es susceptible de delito penal. La vicepresidenta podría haber incurrido en un delito de omisión del deber de perseguir delitos. La querella ha sido ya remitida al Tribunal Supremo.
El abogado parte de la obligación del gobierno de promover la persecución de quienes atenten contra la integridad del Estado. Confía en que la querella conseguirá ampliar la jurisprudencia sobre este tipo de conductas. Además, ha solicitado ayuda en forma de donaciones para la causa.
Gisbert considera que la conducta de la presidenta al reunirse con un prófugo de la justicia es susceptible de ser delito. El letrado recurre al artículo 408 del Código Penal. Este dice que la autoridad tiene la obligación de promover la persecución de delitos, y que su omisión puede conllevar una inhabilitación de seis meses a dos años.
Susceptible de delito
La duda es si esta obligación atañe solo a autoridades y funcionarios encargados de perseguir delitos, o incluye también a miembros del gobierno. Rubén Gisbert cree que la querella tiene “encaje legal”. Ahora está a la espera de su aceptación o rechazo por parte del alto tribunal.
QUERELLA CONTRA YOLANDA DIAZ por sus actos con PUIGDEMONT
Yolanda Díaz y Carles Puigdemont emitieron un comunicado conjunto en el que mostraban su voluntad de buscar soluciones democráticas al conflicto catalán. Sumar y Junts calificaron el encuentro de “histórico” y “normalidad democrática”. Sin embargo, otros consideran que fue susceptible incluso de delito.
Acusan a Yolanda Díaz de haber actuado en contra de los intereses generales del país y de haber vulnerado las leyes que tiene obligación de cumplir. El letrado aprecia también que la amnistía es incompatible con la persecución de delitos.
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