La prensa que atacó a Sílvia Orriols reconoce ahora que la alcaldesa cumple con la ley

El Periódico de Catalunya inició el pasado mes de enero una ofensiva contra la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, por “restringir el empadronamiento a los inmigrantes”. Aquello desató una serie de presiones desde el Govern de la Generalitat, el Gobierno de España e incluso la Unión Europea. Ahora, el mismo medio reconoce que la alcaldesa sí cumple la ley, como de hecho ella siempre ha defendido.

Lo hace a su manera, titulando que “la alcaldesa de Ripoll da marcha atrás en su política ultra y empieza a empadronar inmigrantes”. El artículo afirma que Orriols “sigue apurando al máximo los plazos legales, tres meses, que marca la ley”. Otros medios que participaron en el linchamiento como Catalunya Ràdio reconocen ahora que el ayuntamiento siempre ha cumplido los plazos y por lo tanto no se ha vulnerado la ley.

La polémica surge porque según El Periódico el ayuntamiento de Ripoll dilataba el proceso de empadronamiento de los inmigrantes. Esto, alertaban, dificulta el acceso de los recién llegados a servicios básicos como la sanidad y la educación. La alcaldesa argumentó que en ningún caso se han superado los tres meses de plazo, y ahora el propio medio reconoce que es verdad.

Un falso debate

El Periódico de Catalunya acusó directamente a la alcaldesa de trato discriminatorio con adjetivos como racista o ultra. El artículo y la reacción de los gobiernos catalán y español crearon un caldo de cultivo contra el gobierno de Ripoll. Ahora se demuestra que fue un falso debate, creado por el tercer medio más subvencionado el año pasado por el Govern de ERC.

De hecho, luego se supo que el ayuntamiento de Ripoll hace lo mismo que muchos otros consistorios (cincuenta por lo menos), de todos los colores políticos. La dilatación del empadronamiento, siempre dentro de los márgenes de la ley, responde a la necesidad de comprobar todos los requisitos y que no haya irregularidades. Esto garantiza un mejor control de la población y la convivencia en el municipio.

En algunos casos, la dilatación del proceso responde también a una medida disuasoria en población con un alto porcentaje de inmigración. Esto ha sucedido en otras localidades donde no gobernaba precisamente Aliança Catalana. Lo cual es una muestra más del sesgo ideológico de un debate que el Govern y sus medios afines intentan explotar.

¿Quién vulnera la ley?

En el artículo de El Periódico sí se decía que el los servicios públicos de salud y educación habían hecho la vista gorda con inmigrantes sin empadronar. Lo cual, de ser verdad, sí que supondría una vulneración de la ley. Esto abre el legítimo debate sobre quién vulnera la ley, un ayuntamiento que cumple con los plazos de empadronamiento o el sistema que ignora los requisitos para el acceso a los servicios públicos.

Tras la polémica, el Gobierno planteó la intención de garantizar el acceso a la sanidad y los servicios públicos sin empadronamiento. Queda claro por lo tanto que el artículo del citado medio, basado en un falso debate, consiguió el efecto deseado. Una campaña contra el gobierno de Ripoll, y más facilidades para acceder a los servicios que pagan todos los contribuyentes.