El plan de Pedro Sánchez y los independentistas se complica

El endiablado mapa político surgido de las elecciones del 23-J se complica aún más. Feijóo irá a una investidura con todos los números de fallar, mientras Pedro Sánchez trata de ganar tiempo para ejecutar un plan con pocas salidas. Los españoles podrían volver a las urnas antes de que acabe 2023.

La decisión de Pedro Sánchez de renunciar a la investidura en favor del PP es sintomática de las dificultades con las que se está encontrando el PSOE. En Ferraz venden optimismo. Pero la realidad es que las exigencias de Carles Puigdemont están muy por encima de las posibilidades de los socialistas.

La Vanguardia publicó ayer que Junts y PSOE negocian también una amnistía fiscal para que los líderes del Procés no tengan que hacer frente al pago del dinero malversado. Esto complica aún más la ya de por sí retorcida vía de la amnistía. Su difícil encaje jurídico pone cuesta arriba el camino de Sánchez a la Moncloa.

Nervios en el PSOE y Sumar

Junts per Catalunya poner como precio a la investidura de Pedro Sánchez una amnistía general del Procés. Esto incluye a todos los encausados, tanto políticos como activistas, e incluso policías nacionales y guardias civiles. Pero además, añade la amnistía fiscal para los condenados por malversación.

Los obstáculos jurídicos a las ambiciosas peticiones de Puigdemont han desatado los nervios en la izquierda. Los socialistas han renunciado a encabezar la formación de gobierno porque asumen que las negociaciones con Junts serán largas y complicadas. Y el partido de Yolanda Díaz tiene a una veintena de expertos juristas trabajando para encontrar acomodo legal a las demandas de los independentistas.

Igualdad de todos los españoles ante la ley

La amnistía general de los encausados del Procés exige una reforma penal para más de 4.000 personas. Los juristas se muestran divididos en torno a la viabilidad de una ley de amnistía. Algunos aseguran que es perfectamente compatible con la Constitución, mientras otros dudan de que pueda tramitarse con estas mayorías.

Hay que recordar que en 2021 fue el propio Pedro Sánchez quien abortó la ley de amnistía propuesta por los independentistas por inconstitucional. Ahora, ERC y Junts aprovechan su posición de fuerza para chantajear al PSOE. O ley de amnistía, o repetición de elecciones.

La amnistía fiscal dista mucho de la ley de amnistía general porque no es una reforma penal sino un proceso administrativo. Junts se aferra a la amnistía fiscal del PP en 2017. Pero es precisamente este precedente el que impediría su tramitación por inconstitucional.

EL PSOE recurrió aquella amnistía fiscal en el Tribunal Constitucional, y este le dio la razón tumbando la ley impulsada por el PP. El alto tribunal consideró que era una “flagrante vulneración del principio de igualdad”. Lo hizo amparándose en el artículo 14 de la Constitución Española, que considera a todos los españoles iguales ante la ley.

Reconocimiento de los privilegios 

El TC consideró que la amnistía fiscal vulnera el principio de igualdad ante la ley. “Legitima como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica. Esto les coloca en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente su obligación de contribuir”, sentenció el órgano.

Ahora, una amnistía fiscal para los procesistas supondría vulnerar de nuevo este principio. La cuestión va mucho más allá, y plantea el debate sobre la propiedad de eliminar de un plumazo todas las responsabilidades penales de los promotores del Procés. Una decisión que pondría en duda la igualdad de todos los españoles ante la ley.

De hecho, Junts ya no se esconde e incluye en la amnistía a condenados por corrupción como Laura Borràs. Ahora corresponde al PSOE decidir hasta dónde está dispuesto a aceptar. En última instancia tendrán que ser los tribunales los que marquen las líneas rojas que pueden hacer descarrilar los planes de Sánchez.