El pacto sobre financiación en Cataluña provoca el primer choque entre PSOE y PSC

Ya hace años que las diferencias entre el PSOE y el PSC son escasas, por no decir nulas. En las etapas de Pasqual Maragall y anteriores, los socialistas catalanes gozaban de una cierta (y tímida) autonomía y cierto perfil propio. Sin embargo, esto desapareció en los últimos ciclos políticos.

Este cambio se empezó a dibujar en los años previos al procés, ya incluso con José Montilla como jefe de los socialistas en Cataluña. Y ahora la mimetización del PSC con el PSOE es ahora absoluta.

Salvador Illa no solamente fue ministro de Pedro Sánchez, sino que se trata de una de las personas de máxima confianza del actual presidente del Gobierno. Jordi Hereu forma parte del Consejo de Ministros al frente de la cartera de Industria. Montse Mínguez es actualmente portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE. Y así podríamos seguir con varios ejemplos más (Meritxell Batet, Miquel Iceta...).

Sin duda, si Pedro Sánchez es presidente es, en gran parte, gracias al PSC y sus buenos resultados en Cataluña en las últimas elecciones. Todos han ido a la una y, seguramente, Sánchez no ocuparía el lugar que ocupa sin el PSC y Salvador Illa no ocuparía el lugar que ocupa sin Pedro Sánchez.

Primer choque entre el PSOE y el PSC

Sin embargo, este idilio ha sufrido ahora su primer choque. No llega a crisis y tampoco pondrá en riesgo sus relaciones. Pero los equilibrios que deben hacer, unos en el Parlament y los otros en el Congreso, ha provocado las primeras fisuras entre socialistas.

El nuevo modelo de financiación pactado entre el Gobierno y el Govern ha sido el culpable. Y, concretamente, el apartado de la ordinalidad. Aquel que dictamina que, si una comunidad autónoma es la primera en la lista en esfuerzo fiscal, debe ser la primera en la lista de las que más recibe.

Es una cláusula que el PSC defiende que está incluida en el pacto con el Gobierno. Sin embargo, el Gobierno dice que no es exactamente así. Des del Ejecutivo de Salvador Illa reivindican que en el acuerdo "se dan las garantías de la ordinalidad", afirmaba la portavoz Sílvia Paneque. Su homóloga en Madrid, Pilar Alegría, deja claro que este concepto aparece solamente en el preámbulo y que antes debe primar la "solidaridad". Es decir, se niega a dar por buena la teoría que defienden sus colegas catalanes.

Esta disparidad de opiniones puede meter en un problema a la familia socialista. Sea en el Parlament o en el Congreso. Si hay ordinalidad (que de facto significa que se pondrá un límite a la solidaridad catalana), las autonomías se pondrán en pie de guerra. Y es que, por mucho que el Gobierno diga que este acuerdo es extrapolable a otras comunidades y que todas saldrán ganando, no existe la magia. Si una aporta menos, alguien recibirá menos. Eso sin contar que no solo presentarán batalla a este escenario los gobiernos autonómicos. Socios de Pedro Sánchez como Compromís o Chunta Aragonesista (dentro de Sumar) o Podemos ya han dicho que no darán su visto bueno a la medida.

Si, en cambio, la ordinalidad se queda en el preámbulo y en una simple declaración de intenciones, ERC ya ha dicho que está dispuesto a tumbar los presupuestos. Tanto en Cataluña como en el Congreso. Y Junts, por su parte, ya se ha mostrado en contra del acuerdo Gobierno-Govern desde el minuto uno. 

Así pues, los socialistas tienen una patata caliente importante encima de la mesa. Es lo que tiene querer contentar a todo el mundo. Que los equilibrios tienen su límite. Y al final, una de dos: o se agrava las divergencias entre el PSOE y PSC (algo improbable) o alguno de los dos da su brazo a torcer. Eso sí, con las consecuencias que conllevará esta decisión en relación a los muchos socios a los que debe complacer tanto Pedro Sánchez como Salvador Illa.