Europa Press Ocupan su casa y lo multan a él: el surrealista caso que muestra la realidad catalana
Y el Ayuntamiento dice no tener 'competencias': casos como este reflejan la desprotección de muchos ciudadanos
El caso de Joaquim, un vecino de Reus, ha puesto en evidencia las situaciones surrealistas a las que se enfrentan muchas personas cuando tratan de desahuciar a okupas. Lo que comenzó como un contrato de alquiler de buena fe en 2019 se ha transformado en una pesadilla de más de tres años.
Los ocupantes de su vivienda no solo se niegan a pagar el alquiler, sino que además han ganado dinero alquilado la vivienda en Booking. A pesar de las pruebas que Joaquim ha presentado en su defensa, las autoridades locales y judiciales no dan respuesta. Según el ayuntamiento, no tienen "competencias" para resolver la situación.
El Ayuntamiento dice que no puede hacer nada | Europa Press
Un contrato que terminó en conflicto
Joaquim alquiló su casa en 2019 a una familia con tres hijos debido a sus dificultades económicas para pagar la hipoteca. La vivienda, situada cerca del campo de golf de Aigüesverds en Reus, parecía una opción viable. Sin embargo, poco después de firmar el contrato, comenzaron los problemas.
Los inquilinos empezaron a retrasarse con los pagos, y a finales de 2020 dejaron de pagar por completo. Intentaron justificar la falta de pago con excusas como dificultades económicas derivadas de la pandemia, pero la situación no mejoró. En julio de 2022, los ocupantes informaron que no se irían, a pesar de no cumplir con sus obligaciones contractuales.
La ocupación y la situación judicial
La situación empeoró cuando la familia empezó a alquilar la vivienda como apartamento turístico en Booking, sin el permiso de Joaquim. En el anuncio, la casa se presentaba como una suite privada. Según varios testimonios, la vivienda se alquiló a turistas, generando ingresos para los ocupantes, mientras Joaquim seguía pagando la hipoteca de 1.260 euros al mes.
El Ayuntamiento de Reus emitió un informe de vulnerabilidad a favor de la familia, basándose solo en los datos económicos que presentaron. A pesar de que Joaquim presentó pruebas de que los ocupantes tenían ingresos, la administración local dijo que no tiene competencia para verificar si esos datos eran falsos o incompletos. De acuerdo con el Ayuntamiento, la responsabilidad recae en la justicia o una administración superior.
La multa y el embargo
Para empeorar la situación, la Agencia Tributaria de Cataluña descubrió que la vivienda estaba siendo alquilada ilegalmente como apartamento turístico. Esto provocó una multa de 5.000 euros para Joaquim. En lugar de responsabilizar a los ocupantes, la administración embargó su nómina, descontando 500 euros mensuales como parte de la multa.
Esta acción ha agravado aún más la situación económica de Joaquim, quien se siente castigado por un hecho del que no es responsable. A pesar de sus esfuerzos por encontrar justicia, se siente impotente ante la falta de acción de las autoridades locales y judiciales.
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