Laura Borràs, más cerca de entrar en la cárcel: Fiscalía dice 'no' a su indulto

Se complica el horizonte judicial de Laura Borràs. La expresidenta del Parlament de Cataluña fue sentenciada a cuatro años y medio de prisión por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Está condenada por fragmentar contratos de forma indebida mientras presidía la Institució de les Lletres Catalanes, entre 2013 y 2017.

Pero el propio tribunal propuso el indulto parcial para que no tuviera que entrar en prisión, debido a la desproporcionalidad del castigo. La Fiscalía dijo en marzo que no se opondría al indulto. Pero ahora la cosa ha dado un vuelco.

La Fiscalía Superior de Cataluña ha emitido un informe en el que rechaza la concesión de un indulto a Laura Borràs. El Ministerio Público argumenta que no ha mostrado señales de arrepentimiento ni ha aceptado su responsabilidad de los hechos. Esto acerca un poco más a la cárcel a la expresidenta de Junts. 

Falta de arrepentimiento

En marzo de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Borràs a cuatro años y medio de prisión, 13 años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros. La condenó por adjudicar de forma irregular 18 contratos menores por valor de 335.700 euros. Se los adjudicó a un conocido suyo para la elaboración del portal web de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

El TSJC propuso al Gobierno la concesión de un indulto parcial para reducir la pena de prisión a un máximo de dos años y medio, evitando así su ingreso en prisión. Sin embargo, la Fiscalía considera que la pena impuesta es proporcional a los hechos cometidos y necesaria para preservar la credibilidad institucional.

Además, destaca que Borràs ha continuado cuestionando la actuación judicial y calificando su condena como una "persecución política", sin mostrar signos de arrepentimiento. También señala que Borràs, actualmente docente en la Universidad de Barcelona, podría reincidir en conductas similares si se le concediera el indulto.

Borràs, en manos del Gobierno

La decisión final sobre la concesión del indulto corresponde al Gobierno español. El presidente Pedro Sánchez ya se mostró en contra de un posible indulto en marzo de 2023. Entonces lo calificó como "un caso flagrante de prevaricación y de mal uso de los recursos públicos".

Pero los pactos de investidura llevaron implícito también un cambio de rumbo del Gobierno, que abrió la puerta al indulto. Junts ha intentado utilizar su posición para condicionar al Gobierno y la judicatura. Por su lado, la defensa de Borràs sostiene que la condena responde a una persecución política y mantiene su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional.

Borràs continúa su labor docente en la Universidad de Barcelona y ha sido suspendida de sus funciones como presidenta del Parlament desde 2022. El futuro político de la exlíder de Junts sigue siendo incierto, a la espera de la decisión final del Gobierno sobre su posible indulto.

El informe de la Fiscalía puede leerse como una intención del Gobierno de preparar el terreno para negar el indulto.