Junts quiere ahora que la amnistía incluya casos de corrupción y blanqueo de capitales
El partido de Carles Puigdemont lucha para que se perdonen los delitos cometidos por Laura Borràs
Este jueves vimos un nuevo arrebato de Carles Puigdemont. Cuando todo estaba encarrilado para anunciar su acuerdo con el PSOE para investir a Pedro Sánchez, el pacto entre socialistas y ERC hizo cambiar radicalmente la situación en Waterloo. Junts ahora habla de “prudencia y precaución” mientras cuenta a sus medios afines que aún faltan “detalles” para concretar el acuerdo definitivo con el PSOE.
El ataque de envidia de Puigdemont y Junts es más que evidente. Que ERC, a quien siempre han acusado de no saber negociar, haya conseguido el traspaso de Rodalies y la condonación de 15 000 millones de euros de deuda, es un golpe al relato que llevan tiempo intentando construir dentro del mundo procesista. Esto provocó que los juntaires tuvieran que hacer, por lo menos por unas horas, eso que más dominan: la gesticulación y decir que el acuerdo con el PSOE puede estar en peligro.
Uno de los puntos que faltan por concretar al 100% son algunos detalles en relación con la Ley de Amnistía. Fuentes de las negociaciones hablan de diferencias respecto a algunas partes de la redacción, pero El Español pone sobre la mesa otra desavenencia. Y es que, según cuenta este periódico, Junts ahora quiere que la medida de gracia beneficie también a Laura Borràs, a Gonzalo Boye y a Josep Lluís Alay. En otras palabras, quieren que la amnistía incluya casos de corrupción y blanqueo de capitales.
Aseguran que son víctimas del 'lawfare'
Laura Borràs fue condenada por prevaricación y falsedad documental al haber dado instrucciones a un amigo suyo para fraccionar contratos irregularmente. Le cayeron cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación al ser considerada culpable de estos delitos de corrupción. Esto hizo que dejara de ser la presidenta del Parlament, aunque de momento sigue siendo la presidenta de Junts.
Gonzalo Boye no tiene todavía una sentencia. Bueno sí, en 1996 fue condenado por colaboración con ETA en el secuestro de un empresario, pero este caso no entraría en la amnistía porque ya cumplió la pena impuesta de 14 años de cárcel. La causa pendiente que tiene el abogado de Carles Puigdemont -y que Junts quiere que entre en la Ley de Amnistía- está relacionada con el blanqueo de capitales. Una acusación que pesa sobre él por, presuntamente, haber colaborado con la red de narcotráfico de Sito Miñanco.
Finalmente, Josep Lluís Alay está acusado de malversación y prevaricación y la Fiscalía le pide tres años de prisión y 17 de inhabilitación. El que es uno de los hombres de confianza de Puigdemont debe afrontar este juicio tras haber viajado con dinero público hasta Nueva Caledonia para asistir al referéndum de autodeterminación que se llevó a cabo en 2018 en este territorio.
Carles Puigdemont y Junts en general consideran que tanto Borràs, como Boye, como Alay son víctimas del 'lawfare'. Creen que se usaron procedimientos judiciales contra ellos con el objetivo de perseguirlos por sus ideas políticas. Y, por este motivo, tienen la convicción de que deberían beneficiarse de la amnistía que están pactando con el PSOE.
Desde Junts hay voces que no esconden esta teoría. Héctor López Bofill, exmilitante de ERC y actualmente en las filas juntaires -intentó ser el número 1 por Tarragona en las últimas elecciones generales- hablo alto y claro sobre esta teoría que circula en el partido de Puigdemont. “Laura Borràs, Josep Lluís Alay y Gonzalo Boye también son víctimas de la represión derivada del procés independentista. Por esto también tienen que ser incluídos en la amnistía y ser rehabilitados”, aseguraba en su cuenta de X.
¿Y Jordi Pujol?
Este mismo viernes, El Independiente asegura que Junts está batallando para que la amnistía incluya a Jordi Pujol. El expresident está acusado de delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales en un caso que se remonta al 2012. De momento no hay fecha prevista para el juicio, pero según estas informaciones, la intención de los de Puigdemont sería que se anulasen también las acusaciones sobre el antiguo líder de CiU.
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