La Fiscalía del Supremo echa un cable a Carles Puigdemont y a Pedro Sánchez

Giro inesperado en el posicionamiento de los fiscales del Tribunal Supremo sobre el caso Tsunami Democràtic y la implicación de Carles Puigdemont. El dictamen definitivo de la Fiscalía no ve indicios suficientes para investigar al expresident. Además, califica de “meras conjeturas o sospechas” la atribución del delito de terrorismo por parte del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón.

La contundencia del dictamen contrasta con el informe presentado por el fiscal de sala, Fidel Cadena, y aprobado por una mayoría de los fiscales del Tribunal Supremo. En él consideraban a Puigdemont “líder absoluto” de una “organización con carácter terrorista”. Finalmente, el Supremo rechaza investigar tanto a Carles Puigdemont como a Ruben Wagensberg, y devuelve la pelota al tejado de la Audiencia Nacional.

Esto supone un alivio no solo para Junts y Carles Puigdemont, sino también y sobre todo para el Gobierno de Pedro Sánchez. La implicación de Puigdemont con el terrorismo pone en duda la inclusión del expresident en la ley de amnistía. Si finalmente no puede acogerse a la amnistía, el acuerdo de legislatura podría saltar por los aires.

Decisión en contra de la mayoría de los fiscales

El posicionamiento de Fiscalía es tajante, no solo poniendo en duda el papel relevante de Carles Puigdemont en Tsunami, sino incluso descartando su vinculación. Hay que recordar que la plataforma Tsunami Democràtic coordinó las acciones de protesta contra la sentencia del Procés en 2019. Acciones que desencadenaron situaciones de violencia, y que el juez instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, calificó de terrorismo.

El juez elevó el caso al Tribunal Supremo para que la Fiscalía valorara la investigación de Puigdemont y Wagensberg. La mayoría de los fiscales votaron a favor de investigarles, pero el informe final se opone y además pone en duda la solidez de los argumentos del juez instructor. Esta decisión vuelve a avivar las especulaciones sobre la influencia del fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, para “salvar” a Puigdemont.

En un primer informe, el fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo avaló la tesis del juez García-Castellón sobre Puigdemont y el terrorismo. Cuatro días más tarde, y después de reunirse con el fiscal general, presentó otro informe descartando el delito de terrorismo y exculpando a Puigdemont. Pero tanto Redondo como Ortiz niegan que haya habido presiones políticas para cambiar la decisión.

¿Injerencia política en los jueces?

La disparidad de criterios ha hecho prevalecer el principio de jerarquía, que establece que se tomará la decisión del superior de mayor rango. En este caso se trata de Ángeles Sánchez-Conde, número dos del fiscal general del Estado. Sobre la decisión planea la sombra de la sospecha de una injerencia política sobre la judicatura.

La realidad es que la acción de la fiscalía general, dependiente del Gobierno, allana el camino para que Puigdemont pueda acabar beneficiándose de la ley de amnistía. El Gobierno necesita que esto ocurra para que Junts apruebe los presupuestos y sostenga la legislatura. De lo contrario, todo podría venirse abajo y el PSOE se vería obligado a convocar elecciones en pleno proceso de descomposición de la izquierda.

La decisión llega también en plena ofensiva de Junts y Carles Puigdemont contra los jueces a los que acusa de prevaricación. El líder independentista, fugado desde 2017, denuncia una campaña de las cloacas del estado para perjudicar el acuerdo Junts-PSOE. De momento no se ha pronunciado sobre esta decisión clave, que le benficia.