Lo que no cuentan los progres sobre el caso de la anciana desahuciada por no pagar 88

El caso de Blanca Espinosa ha sido muy sonado. Sobre todo, por figuras de izquierdas, que no han presentado todos los hechos. Más allá del drama personal para la señora, hay otros hechos que no se prestan tanto al sentimentalismo.

Una única interpretación

El caso ha acaparado portadas y redes sociales: una anciana residente en el Gótico de Barcelona que va a ser desahuciada por no pagar 88,8 euros. Un caso perfecto para poner en marcha toda la maquinaria de sentimientos. Algo que han hecho convenientemente varias figuras y entidades de la esfera ‘progre’.

Tal y como han sido presentados, los hechos son los siguientes. Una señora mayor del Gótico será expulsada de la casa en la que ha vivido durante 55 años. Los motivos, varios: entre ellos, que no paga 88 euros de unas reformas en la casa.

Además, la propietaria del piso - dueña, insisten, de otros pisos en Barcelona - le querría subir el alquiler a los 1.000 euros. Todo ello para sacar a la señora y destinar el piso a la especulación turística. Finalmente, tras cinco intentos de desahucio, habría llegado el definitivo, que se hizo efectivo ayer mismo.

Este caso, decimos, ha movilizado en redes y medios a casi cualquier figura progresista que quisiera pronunciarse. Desde Gabriel Rufián hasta miembros de la CUP y pasando por plataformas antidesahucios. La presentación de los hechos ha sido, pues, esa: una especuladora saca a una anciana de su piso de toda la vida.

Pero hay más

Pero hay ciertos datos que, si no relativizan el drama personal, sí lo hacen con la interpretación más extendida de los hechos. En noviembre, los juzgados rechazaron paralizar el desahucio porque, según la justicia, la anciana es dueña de medio piso en Barcelona. Cuya venta le reportó 80.000 euros de los cuales dispone.

La resolución del juez - ofrecida por el ABC - señala que “contaba con alternativa habitacional desde 2010 y, actualmente, cuenta con un montante económico que le permite mantenerse por sí misma”. Esto ha llevado a que las críticas se dirijan ahora contra los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona.

Por lo visto, se había llegado a un acuerdo definitivo por el cual el Ayuntamiento abonaría durante un año la diferencia hasta los 1.000 euros. Luego, se le ofrecería a la señora una vivienda pública.

A última hora, el Ayuntamiento se ha echado hacia atrás porque, según el consistorio, la mujer dispone de recursos. Todo ello, ha roto entonces el acuerdo que había con la propietaria. Lo cual, finalmente, ha conducido a que se haga efectivo el desahucio que autorizó la justicia.