Mujer de cabello trenzado y suéter claro sonriendo frente a un fondo borroso con texto en catalán.
POLÍTICA

La CUP cae en su propia trampa y reacciona contra una okupación en Gerona

Enfrentamiento entre el ayuntamiento gobernado por los cupaires y el sindicato radical de la vivienda

La CUP ha abanderado el relato según el cual las ocupaciones no existen y son una invención para sembrar odio o vender más alarmas. Pero allí donde gobiernan y tienen que gestionar el día a día, la realidad acaba por imponerse. Así ha ocurrido en Gerona, ciudad gobernada por una coalición liderada por los cupaires.

Un hombre con gafas y barba corta está de pie frente a un micrófono, ajustándose las gafas con una mano. Lleva una camisa blanca y parece estar en una sala de reuniones o conferencia, con varias personas desenfocadas en el fondo.

El sindicato de la vivienda controlado por una escisión radical de la CUP ha cargado contra el ayuntamiento de Gerona. Señalan directamente a la CUP por votar junto a Vox para “desahuciar a la Nouama y sus hijas”. 

El equipo de gobierno ha respondido con un contundente mensaje, donde defienden su política de vivienda y acusan a la familia afectada de “aprovecharse del sistema”.

No es la primera vez que los radicales atacan a la CUP. Este conflicto evidencia la tensión creciente entre el sector institucional de la CUP y sus bases más radicales. También pone de manifiesto las contradicciones entre el relato de la izquierda woke y su realidad diaria en temas como la seguridad y la okupación. 

Fraude de alquiler social

En un vídeo de denuncia, el Sindicat de l’Habitatge de Girona afirma que “una vez más todos los políticos coinciden en aplicar la mano dura contra la clase trabajadora”. Acusan a CUP, ERC y Junts de “vender humo” y de “echar a las familias como si de un fondo buitre se tratara”. 

La respuesta ha venido de parte de la concejal de Igualdad y Justicia del ayuntamiento de Girona, Amy Sabaly. Se trata, según ha dicho, de un “caso de alquiler social fraudulento”, y ha ofrecido su versión “para evitar caer en el discurso populista”.

Según el ayuntamiento, hace once años se asignó una vivienda social a una persona que cumplía con los requisitos establecidos. Gracias a eso, pudo disfrutar del uso de la vivienda con un alquiler asequible adaptado a sus ingresos. 

Pero según la concejal, hace siete años esta persona “dejó de pagar” y desde entonces ha acumulado una deuda de 18.000 euros con el ayuntamiento. “Además, tenemos constancia de que esta persona hace tiempo que no vive en el piso. Ha permitido el empadronamiento de diferentes personas, y por la información de que disponemos, ha generado conflictos con el resto de vecinos y vecinas”.

Captura de pantalla de un tuit en catalán sobre el uso indebido de una vivienda pública, con una lista de tres puntos y de fondo un edificio de apartamentos amarillos.

Según la concejal, estamos ante un caso “flagrante” de “fraude” de alquiler social. Ha alegado que desde el ayuntamiento gobernado por la CUP “trabajamos para garantizar el derecho a la vivienda”. Pero que “actuaremos decididamente cuando alguien se aproveche del sistema”.

El sindicato les acusa de mentir

El sindicato ha respondido a la concejal acusando al ayuntamiento de “ejecutar un desahucio con un proceso irregular”, y de basarse en “falacias”. Alegan que el ayuntamiento no ha garantizado el derecho a la defensa de la familia desahuciada. 

También acusan a la concejal de mentir cuando dice que la persona no vive en el piso o que comete fraude en el padrón. Según su versión, “la Nouama tenía acogida de forma temporal a personas en situación de extrema vulnerabilidad”.

Se trata según dicen de un intento de “criminalizar” para impedir la acción sindical. Por eso lanzan un dardo a la CUP: “Gobernar las instituciones capitalistas es doblegarse a ellas, defender a cualquier precio el negocio inmobiliario y la propiedad privada”.

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