Cuando el lawfare sirve como excusa para cualquier decisión judicial

Las recientes sentencias judiciales que han anulado los planes de los ejes verdes en las calles Rocafort y Comte Borrell de Barcelona han recibido respuesta de los Comunes. Han acusado las decisiones judiciales de ser “casos de ‘lawfare’”. Ciertos espacios políticos han tomado por costumbre acusar de “lawfare” las sentencias en contra de sus intereses partidistas.

La portavoz Janet Sanz critica estas sentencias afirmando que son un ejemplo de cómo las políticas para combatir la emergencia climática y proteger la salud pública carecen fundamentos legales.

La jueza del juzgado contencioso-administrativo número 10 de Barcelona ha dictaminado que es necesario revertir el proceso de peatonalización y volver a la planificación previa de la calle Rocafort. Asegura que la actuación no fue “ajustada a derecho”. Al igual que en anteriores sentencias, el argumento es que, debido a la magnitud de las actuaciones, el Ayuntamiento debería haberlas tramitado como una modificación del Plan General Metropolitano (PGM) y no como una obra ordinaria.

Sanz piensa que los planes para los ejes verdes no han infringido ninguna ley. Asegura que no se ha modificado indebidamente el Plan General Metropolitano y que se han seguido los procedimientos correctos. Aun así, es evidente que los jueces y peritos no opinan lo mismo. 

Ha citado un informe de la Generalitat que supuestamente avala la legalidad de los planes, que dice que no era necesario cambiar la calificación urbanística para implementar los ejes verdes. También ha destacado que estas medidas son una reorganización que no prohíbe el acceso de los vehículos. Además, promueve la circulación a velocidades reducidas y las actividades de carga y descarga.

A pesar de las afirmaciones de los Comunes, las críticas y la duda sobre la legitimidad de estos proyectos continúan. Muchas voces sugieren que las sentencias judiciales reflejan una preocupación legítima por la conformidad con los procedimientos legales y la transparencia en las políticas urbanísticas. No hay razón para pensar que es un intento deliberado de desmantelar iniciativas relacionadas con el medio ambiente y la salud pública. 

Las respuestas a estos conflictos subrayan la polarización que genera el enfoque hacia las cuestiones urbanísticas y la gestión del espacio público en Barcelona que han tenido los de Colau.