Cataluña: Antifraude y su pasividad ante la corrupción, ¿por qué no sanciona?

La Oficina Antifraude de Cataluña se encuentra en el centro de una polémica debido a su falta de acción en la imposición de sanciones. A pesar de que la ley le otorga la potestad para interponer multas desde hace dos años, la autoridad ha evitado ejercer este poder. Así lo reveló Laura Fàbregas para The Objective hace más de un año.

Pero es que, recientemente, también lo ha admitido el director del organismo, Miguel Ángel Gimeno. El director de la Oficina justificó la pasividad argumentando que no tiene sentido aplicar sanciones solo en Cataluña. Según dijo, en el resto de España no existen autoridades similares para imponer multas:

Esta postura ha sido duramente criticada, especialmente porque la normativa catalana otorga a la Oficina competencias plenas para sancionar irregularidades dentro de su territorio. Esta falta de acción contrasta con el enfoque de otras instituciones europeas que sí aplican sanciones de manera efectiva. Como es natural, el caso ha levantado una ola de indignación entre aquellos que han denunciado irregularidades dentro del ámbito público.

Y es que, en varios casos, las investigaciones realizadas por la Oficina han llegado a conclusiones que requerían la aplicación de sanciones. Un ejemplo reciente es el caso de un expediente sancionador contra el Ayuntamiento de Mataró. En su día, la Oficina resolvió que debía iniciarse una acción, pero dos años y medio después aún no se ha ejecutado ninguna multa.

No será por falta de trabajo

La falta de sanciones por parte de Antifraude se da en medio de investigaciones en curso relacionadas con la gestión pública. Uno de los casos más sonados es el de la DGAIA, donde se investigan irregularidades en adjudicaciones y "plazas fantasma". La inacción de la Oficina en este caso ha despertado la preocupación de que otros casos con implicaciones de gran escala. Ahí están, por ejemplo, la gestión de sueldos en TV3 y Catalunya Ràdio.

Desde su creación, la Oficina Antifraude de Cataluña se ha nutrido de antiguos cargos del PSC. Además, la estructura de la Oficina, de mandato indefinido, ha alimentado aún más las dudas sobre su capacidad para operar de manera independiente y eficaz. Es decir, que la sombra de la política planea sobre la Oficina.

El panorama se complica aún más al considerar el aumento de denuncias recibidas. En 2023, la Oficina ha recibido un número creciente de alertas sobre irregularidades, sin que hasta la fecha se haya materializado ninguna sanción relevante. A pesar de que el marco legal establece sanciones económicas que pueden ascender hasta el millón de euros, la Oficina se limita a enviar los casos a la Fiscalía.