Ayuntamientos de ERC, Junts y PSC hacen lo mismo que Sílvia Orriols con el padrón

El Periódico señaló esta semana a la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, por una supuesta discriminación a la hora de empadronar a los inmigrantes. El ayuntamiento de Ripoll está apurando el plazo de tres meses que contempla la ley para inscribir a los recién llegados. El Govern, e incluso la Síndica de Greuges, han salido en tromba contra Orriols.

Pero lo que inicialmente parecía un escándalo resulta ser una práctica habitual en varios ayuntamientos de distintos colores. En la propia sindicatura constan varios consistorios que dilatan los procesos de inscripción. Como los de Canyelles (Garraf), Martorell (Baix Llobregat) y Premià de Mar (Maresme), los tres gobernados por Junts per Catalunya. 

Pero hay más, y el mapa se completa con una decena más de municipios gobernados por independientes o por partidos como el PSC, ERC y los Comunes. Es por lo tanto una práctica habitual que lleva haciéndose desde hace años. De hecho, se sospecha que la lista de municipios supera con creces a los que se constan oficialmente.

Des de PSC y ERC a PP y los Comunes

En la lista hay municipios como Lleida, Tarragona y L'Hospitalet, donde gobierna el PSC. O municipios de las comarcas gerundenses como Salt, gobernado por ERC, y Figueras, con la alcaldía en manos de Junts. La lista incluye Igualada, también de Junts, o localidades con independientes como Arbúcies y Fogars de la Selva.

Esta práctica afecta a todo el espectro político y hay también municipios gobernados por el PP, como Badalona, o por los Comunes, como El Prat de Llobregat. Esta lista la han ido confeccionando entidades y oenegés a través de las denuncias de particulares. El número de localidades que dilatan los plazos podría ser mayor.

Los ayuntamientos están obligados a empadronar a los recién llegados con independencia de su situación legal. De hecho, una de las propuestas que Sílvia Orriols no pudo cumplir por estar fuera de la ley fue no empadronar a los inmigrantes ilegales. Pero en cambio, la ley da un plazo de tres meses para efectuar el registro.

Un tema polémico

Un ayuntamiento no puede denegar el padrón a nadie, y este es condición indispensable para acceder a los servicios públicos básicos como la sanidad y la educación. Esto ha llevado al Govern y a la prensa subvencionada a acusar a Sílvia Orriols. Le responsabilizan de dejar a una decena de familias sin servicios básicos en su municipio.

La alcaldesa se defiende diciendo que solo cumple su programa electoral, y que los que se saltan la ley son otros. Por ejemplo, dando privilegios a los que llegan a municipios como el suyo a "vivir del cuento" y "beneficarse de las ayudas públicas". Pero en realidad, el problema del padrón viene de más lejos y está más extendido de lo que parece.

De hecho, si es verdad que hay municipios saturados que dilatan los procesos para disuadir de la llegada de más inmigración, en otros casos intervienen otros factores. Como la falta de conocimiento por parte de los recién llegados. Hay que tener en cuenta que el padrón es una obligación para el ayuntamiento, pero también para la persona.