Hombre con gafas rojas y barba frente a un edificio con un reloj y varias banderas ondeando en la parte superior.
POLÍTICA

Antifrau exige a Mataró que reincorpore a la trabajadora que denunció corrupción

Acusa al ayuntamiento de no haber hecho caso a los requerimientos de restitución

La polémica surgió el pasado mes de febrero, cuando se supo que el ayuntamiento de Mataró había despedido a una trabajadora que denunció irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. Antifraude investigó al consistorio por este caso. Ahora exige en un duro comunicado que restituya inmediatamente a la empleada, y amenaza con sanciones por ignorar los requerimientos del organismo.

Las represalias contra la trabajadora llegaron también hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que impuso al consistorio una indemnización de 50.000 euros. Hasta la Fiscalía denunció a altos cargos del ayuntamiento por un presunto delito de acoso laboral.

El ayuntamiento de Mataró está gobernado por el alcalde socialista David Bote, en coalición con los Comunes. La trabajadora despedida es una arquitecta municipal que, bajo la protección de la Oficina Antifraude, destapó un presunto caso de corrupción.

En su comunicado, la Oficina Antifraude se dirige al alcalde para advertir sobre la grave vulneración de derechos en el despido de la trabajadora. Además, acusa al ayuntamiento de ignorar los requerimientos para restituir los derechos de la agraviada, contraviniendo así las obligaciones legales de protección. Le reprochan al alcalde no haber suspendido el cese de la trabajadora, y no haber atendido a los recursos interpuestos por ella.

También señala que se inflaron los méritos de la persona seleccionada para sustituir a la trabajadora despedida. Por todo esto, advierte de las consecuencias legales, como posibles sanciones y procesos judiciales.

La versión del ayuntamiento

La reprimenda de la Oficina Antifraude viene avalada también por órganos como la Comisión de Garantía del derecho de Acceso a la información Pública y la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Apuntan a una vulneración de derechos en materia de protección de datos y de falta de transparencia en el ayuntamiento.

El ayuntamiento, por su parte, niega haber cometido ninguna irregularidad y ha asegurado que el despido de la trabajadora no tuvo ninguna motivación vengativa. De hecho, señalan que no fue despedida sino que no obtuvo la plaza de funcionaria después de un proceso de selección para funcionarios interinos. 

Presunto caso de corrupción

La arquitecta municipal denunció a la Oficina Antifraude de Cataluña y a la Fiscalía la existencia de una decena de contratos de emergencia sin acreditar la urgencia de los procedimientos. El ayuntamiento habría hecho tres contratos más un cargo directivo para realizar el Atlas Urbanística. 

Según el consistorio, no fueron contratos de emergencia sino que tras personas fueron nombradas como funcionarias interinas y se hizo la adscripción provisional de lugar de trabajo como cargo directivo de una cuarta persona que ya era funcionaria de carrera.

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