Montaje de fotos de primer plano de Carles Puigdemont sonriente y Pedro Sánchez con cara de preocupación

OPINIÓN

La unilateralidad contradice la amnistía

El legislativo no vulneraría la Constitución aprobando una ley de amnistía

La cuestión de si procede la amnistía por los delitos de diverso orden y entidad presuntamente cometidos por participantes en el procés tiene como mínimo un par de vertientes.

La constitucional está siendo la más debatida y la tratada con más solvencia técnica. La Constitución es ante todo derecho y el derecho es interpretable, pero a través de un acervo de principios, normas, jurisprudencia y doctrina.  

La interpretación de si fuera constitucional una ley orgánica de amnistía por los citados supuestos corresponde al Tribunal Constitucional, que tendría ocasión de pronunciarse dado que la ley sería recurrida ante el alto Tribunal como ya tienen anunciado desde la órbita del PP y de Vox, sin excluir otros recurrentes.

Mi opinión, que vale lo que vale cualquier otra que sostengamos de buena fe los juristas hasta tanto la última instancia zanje la cuestión, es que sí, que sería posible una ley orgánica de amnistía, previos informes del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, aprobada por el Congreso de los Diputados con la mayoría absoluta requerida de 176 votos en la votación final sobre el conjunto del proyecto.

Primer plano de Carles Puigdemont con cara de sorpresa y la boca abierta

La Constitución no contempla la amnistía, pero no la “desautoriza” expresamente, como ocurre con los indultos generales y no es de aplicación el argumento “si no está permitido lo menos (indultos), no está permitido lo más (amnistía)”, la amnistía no es una categoría superior de indulto, es una figura distinta. Por esta simple razón, más otras razones más elaboradas, que desbordan la finalidad divulgadora de este artículo, el legislativo no vulneraría la Constitución aprobando una ley de amnistía.

Ahora bien, siendo fundamental la vertiente jurídica de la cuestión, las vertientes ética y política son decisivas para justificar la amnistía y apoyar eventualmente la presentación del proyecto de ley orgánica. Pero, cuidado porque también la concepción y la aplicación de la ética y la política son opinables.

La amnistía por su carácter de borrón y cuenta nueva no puede someterse en el plano jurídico a condiciones como la renuncia a la unilateralidad, unilateralidad que stricto sensu equivale a prescindir de reglas en la persecución de la independencia, salvo las que establecieran los propios independentistas, como ya fue el caso con las llamadas leyes de “desconexión” del 6 y 7 de septiembre de 2017.

Primer plano de Carles Puigdemont con cara de circunstancias

Pero, la amnistía no puede separarse de su sentido ético y político de construcción de un nuevo marco civil. La amnistía política es mucho más que borrar la antijuridicidad de unos actos, es el compromiso con otra manera de hacer política en otro contexto, cualitativamente diferente a la que originó los actos que motivan la amnistía; actos que si no hubieran sido tipificados como delito no necesitarían de la amnistía.  

Si Puigdemont y los otros no renuncian a la unilateralidad, lo cual no quiere decir que deban renunciar a la independencia -recuérdese que nuestra Constitución no “es militante”-, tienen que ganarla por cauces constitucionales -por otra parte, los únicos que posibilitarían el hipotético reconocimiento internacional de una independencia-, opino que en el plano político no procede la amnistía y aún menos en el ético; ha habido mucho fraude de ley, mucho abuso de democracia, mucho engaño.  

Con la unilateralidad latente, por no haber renunciado expresamente a ella, la amnistía conllevaría un contexto profundamente desequilibrado en favor de los amnistiados, que se habrían beneficiado de la amnistía y a la vez habrían conservado su libertad de actuación unilateral como antes, algo inadmisible en democracia y en el Estado de derecho por arbitrario -además de una mofa de los no independentistas y de su ingenuidad- y por la desigualdad discriminatoria que crearía.  

Para mayor complicación, no solo no renuncian a la unilateralidad, sino que la vinculan a la existencia misma de la invocada nación. Según Jordi Turull, secretario general de Junts, “renunciar a la unilateralidad sería tanto como renunciar a la nación”.  

No tiene cura el asunto cuando la cuestión se lleva al terreno de las esencias y creencias por la parte independentista, de por sí unilaterales.  

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