Como una gota de agua en un océano

Con el título “La vivienda: un problema endémico”, publicaba, hace un par de semanas, en este mismo espacio, una columna con la que pretendía denunciar el pasotismo histórico de las administraciones en un asunto de tanta enjundia como es el lugar de residencia de la ciudadanía.

Por si aquel escrito era poco esclarecedor, me ha parecido oportuno transcribir aquí algunos datos del informe de “La vivienda en la metrópoli de Barcelona 2022”; del Observatorio de la vivienda 2022 (OHB), que se publicó hace pocos días. 

Según el mencionado estudio, los alquileres han subido en Cataluña, en el último año, sobre un 7,7%, mientras que los ingresos de las personas crecieron en torno al 2,6% en el mismo periodo. Sin embargo, en Barcelona, los alquileres están desbocados y la distancia entre precios de alquiler e ingresos de los arrendatarios es cada vez mayor. Así pues, si en nuestra ciudad las rentas subieron el 2.6% como en el conjunto de la comunidad, el incremento del alquiler se acerca al 12%.    

Casi resulta ocioso decir que familias con pocos ingresos y jóvenes son los más perjudicados por esta situación. En efecto, el informe concluye que la mitad de los jóvenes entre 18 y 29 no puede acceder a un piso de alquiler de precio medio en más de la mitad de los municipios de Barcelona (132 de los 244 municipios de los que hay datos). “Los precios les machacan, porque el 45% de los jóvenes ocupados en la ciudad tiene ingresos inferiores a 25.000 euros”, alerta la presidenta del OHB, Carme Trilla. Recientemente, el Instituto Metrópoli señalaba un hogar formado por dos adultos y dos menores con unos ingresos por debajo de 24.800 euros, como referencia de los que están en riesgo de pobreza.

Hemos de tener presente que en Barcelona un hogar con esos ingresos debería destinar el 81% de lo que recauda a comprar obra nueva o el 49% a alquilar, cuando se considera que el porcentaje que una familia debe invertir en costear la vivienda no debe superar el 30%, de su renta, si quiere satisfacer las necesidades básicas. Asimismo, el informe apunta que un hogar con unos ingresos anuales de 25.000 euros no podría comprar ni alquilar un piso (destinando un tercio de sus ingresos) en ninguno de los tres ámbitos estudiados: ni Barcelona capital, ni su área metropolitana, ni el resto de la provincia.

El informe es demoledor, y para remachar el clavo solo hay que leer la memoria de Cáritas de 2022. Ahí se señala la falta de vivienda digna como uno de los principales problemas para más de dos tercios de las personas que atienden: “Un 67% de las personas atendidas no disponen de una vivienda digna, ya sea porque viven realquilados, en casas de familiares o conocidos, con alquiler, sin contrato o han de sobrevivir en un piso compartido”.

Desde luego, el panorama es desesperante. No obstante, y sin ánimos de edulcorar la situación, parece que en las administraciones empiezan a ser conscientes de la magnitud del problema. Quizás por eso, la Sociedad de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb) afirma que son 4.700 las viviendas que tiene asignadas a alquiler social en Cataluña, en las que viven en torno a 15.200 personas vulnerables. Se trata de inquilinos que ya residían de forma irregular en viviendas del denominado banco malo que asumió los activos tóxicos del inmobiliario de las cajas de ahorro. Son personas que tenían contratos con las inmobiliarias de las extintas entidades financieras o intermediarios o, incluso, algunos las ocupaban. Para estos, y siempre de la mano de los servicios sociales municipales, la Sareb inició este año un programa para regularizar su situación, ofreciendo alquileres que nunca supere el 30% de los ingresos, que de promedio acostumbran a situarse en los 900 euros. En contrapartida, los inquilinos deben participar en un programa de acompañamiento social y de reinserción laboral. 

Por otra parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido traspasar a la Generalitat once solares municipales. El Govern se ha comprometido a construir en esos terrenos 637 viviendas públicas en un máximo de cinco años. La decisión es fruto del acuerdo que alcanzaron Jaume Collboni y Pere Aragonès, en la primera reunión que mantuvieron el pasado julio 

En un primer momento, el pacto incluía la cesión de 27 solares municipales, 14 de los cuales podían estar disponibles a corto plazo (en los que se podrían construir unos 800 pisos) y los 13 restantes a medio plazo (960 pisos). Sin embargo, de momento son 11 los que están a disposición de manera inmediata.

Ciertamente, todo esto puedo parecer algo así como una gota de agua en un océano y es verdad. Además, de poco servirá a aquellos que tienen la imperiosa necesidad de encontrar un cobijo si no quieren dormir al raso las frías noches que ya se adivinan. No obstante, si denunciamos cuando las administraciones son incapaces de encauzar los problemas que una sociedad tan compleja como la nuestra genera, hemos de ser también honestos y explicar cuando nuestros gobernantes dan con la tecla adecuada en este concierto permanente que es la convivencia de decenas y decenas de miles de personas con un mínimo de dignidad. Y eso nunca será posible si no se tiene un lugar decente donde recogerse. 

Es evidente que el problema es enorme, pero da la sensación que se empieza a tener conciencia. Y, sin duda, ese es el primer paso para empezar a solucionarlo.