Hacienda marca el día en el calendario: la nueva obligación que tendrán muchos en 2025
Es una novedad que Hacienda va a imponer a partir de un día concreto, y que todos los implicados deberán cumplir
El colectivo de los empresarios se encuentra entre los más vigilados por Hacienda debido a su alta exposición a posibles prácticas de fraude fiscal. Con el objetivo de combatir el fraude y el blanqueo de capitales, la Agencia Tributaria ha decidido implementar una nueva normativa. Esta entrará en vigor el próximo año, introduciendo importantes obligaciones para las empresas.
A partir del 3 de febrero de 2025, todas las empresas deberán informar sobre sus titulares reales en cualquier alta, baja o modificación en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. Esta medida busca dotar de mayor transparencia al sistema fiscal. También garantizar que Hacienda tenga acceso a la información sobre quiénes controlan realmente las compañías que operan en España.
Qué datos van a tener que dar
Las empresas tendrán que proporcionar datos clave sobre sus propietarios, como el DNI o número de identificación extranjero. También la nacionalidad, la fecha de nacimiento, y el país de residencia.
Esta obligación no solo afectará a las empresas tradicionales. También a los no residentes con establecimientos permanentes en España. De igual forma lo hará a los socios, herederos o partícipes de entidades que atribuyan rentas a otras personas, pero que desarrollan actividades empresariales en el país.
¿Cómo se hará?
El mecanismo para cumplir con esta nueva normativa será a través del Modelo 036. Un formulario que las empresas deberán completar y enviar a Hacienda con los datos actualizados de los propietarios.
Este cambio se produce en cumplimiento de la Ley de 24 de mayo de 2023, que adapta la normativa española a la Directiva Europea sobre cooperación administrativa en materia fiscal. Esto tiene el objetivo de intensificar la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en toda la Unión Europea.
Hacienda, con este nuevo control, pretende prevenir el uso de estructuras opacas o redes de testaferros. Estas dificultan la identificación de los verdaderos dueños de las empresas. Esta obligación de declarar a los titulares reales permitirá a las autoridades fiscales tener una visión clara y precisa de quiénes están detrás de las operaciones empresariales.
Este refuerzo en la normativa afectará a todos los empresarios que desarrollen actividades en España, así como a aquellos que paguen rentas sujetas a retención o realicen ingresos a cuenta.
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