Las prisiones catalanas, al límite: aumento drástico de las agresiones a funcionarios

Los funcionarios de prisiones insisten: la violencia en las cárceles catalanas alcanza proporciones muy preocupantes. Ya han pedido la dimisión de la consejera Ubasart en dos ocasiones. Y ahora ponen cifras a la situación con un informe estadístico con datos extraídos del Departamento de Justicia. “Más de un trabajador es agredido diariamente”, dicen.

CSIF expone los datos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) publica su informe estadístico anual. Los datos son oficiales y, sobre todo, preocupantes. Ya sea en agresiones, incidentes, incidentes graves o agresiones sexuales, todos los indicadores han subido.

Así, por ejemplo, rozan los dos trabajadores diarios que han sufrido agresiones, que en total son 528 agresiones durante el año pasado. Los incidentes suben hasta los 703 y aquí sí que alcanzan la cifra de dos incidentes diarios. Preocupa especialmente el aumento en la intensidad de la violencia de estos incidentes.

Con respecto al año pasado, los incidentes graves y más violentos se han disparado hasta el 54,4%. Esto arroja una cifra de 86 incidentes de alta intensidad, lo cual se traduce en 105 funcionarios agredidos de manera grave o muy grave. Por otra parte, las agresiones sexuales se desbocan y se triplican con respecto al 2022. Para CSIF, “constituye otro dato escalofriante de este informe, puesto que se han contabilizado hasta 17 incidentes de este tipo cuando en 2022 fueron 6”.

Problemas con los internos psiquiátricos

Por prisiones, las más conflictivas son las mismas de ante: Brians 1, Brians 2, Joves y Quatre Camins. CSIF pone el acento en la situación de Joves. El aumento de incidentes en esa prisión preocupa especialmente por ser el centro con menos internos de toda Cataluña. Algo que lleva a los funcionarios a concluir que es la prisión de “los más inadaptados y violentos”.

Finalmente, denuncian el particular problema que tienen con los internos con patologías psíquicas. “Desde CSIF, hace años que denuncian la gran cantidad de internos con patologías psiquiátricas que conviven en módulos ordinarios con el resto de la población”. Y señalan como “evidente” la falta de inversión conjunta de los Departamentos de Salud y Justicia para habilitar más unidades psiquiátricas.

Con todo, se confirma la dinámica que los funcionarios vienen describiendo desde hace meses. Por el momento, el divorcio con las autoridades políticas es máximo. La consejera Ubasart y el Departamento de Justicia no se han pronunciado.