La editorial Vicens Vives quiere echar al 25% de su plantilla
La editorial catalana ha anunciado un ERE que afecta a 82 personas después de haberse comprometido a no tener bajas hasta 2030
La Editorial Vicens Vives, especializada en la publicación de libros educativos, ha generado un revuelo laboral al anunciar la implementación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por motivos económicos.
La medida impactará a 82 trabajadores, cifra que representa aproximadamente el 25% de la plantilla total distribuida en nueve centros a lo largo de España. El epicentro de esta reestructuración se situaría en Barcelona, donde se prevén 52 despidos.
Vicens Vicens, tensionada internamente
La dirección de la editorial ha justificado esta decisión alegando un "contexto incierto" derivado del calendario de implementación de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE). Además, señalan un descenso en la demanda, una fuerte competencia y las dificultades enfrentadas por el sector como factores clave que han contribuido a una disminución constante en las ventas.
Sin embargo, la medida ha sido recibida con fuertes críticas por parte del sindicato CCOO, que la califica como "injustificada y desproporcionada".
El ERE de Vicens Vives
El comité de empresa ha expresado su descontento por la "escasa documentación proporcionada por la dirección", denunciando "falta de transparencia y la ausencia de un diálogo de buena fe". Esta situación se agrava al recordar., aseguran, un acto de conciliación del año pasado, durante el cual la dirección afirmó que las únicas bajas previstas hasta 2030 serían las jubilaciones naturales.
Momento delicado para el sector editorial catalán
Este anuncio surge en un momento delicado para el sector editorial catalán, marcado por la reciente implementación de un ERE en el Grupo Enciclopedia. El director general, Joan Abellà, confirmó la preparación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a los 112 empleados. Las necesidades financieras del grupo ascienden a 15 millones de euros, mientras enfrenta deudas con el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y entidades bancarias.
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