22/11/2015 09:00h
Suelo decir que el elemento más importante para una democracia sana es la información. Es lo que en cualquier país anglosajón podríamos denominar el “accountability” o rendición de cuentas. Una tradición y un encaje de los agentes civiles en la sociedad, que en las sociedades latinas como las nuestras se estilan bastante menos, pero que llevo años personalmente implicado en ello.
La correcta asignación de recursos en una sociedad (que en consecuencia afecta a la productividad total de los factores) tiene mucha correlación con la fluidez de la información. Que nos enteremos de las cosas y del por qué ocurren. Creo así que el impacto no solo tiene un componente de índole social y moral, sino también económica. El coste de esta mala asignación de recursos para la economía española es enorme.
En los últimos años, mientras la productividad total de los factores (capital y trabajo) bajaba un 0,7% anual en España, subía un 0,4% anual en la UE y un 0,7% en EE.UU. Si la productividad en España hubiera aumentado como lo ha hecho en la Unión Europea, en 2007 nuestro PIB hubiera sido un 15% superior al que era. Es decir, en este escenario, el coste de no asignar bien recursos y hacer buenas inversiones, es de 150.000 millones de euros.
Para hablar de todo ello, y poner en valor la voluntad política y empresarial que entre todos debemos construir alrededor de la transparencia, el buen gobierno y la rendición de cuentas, se realizará el Primer Foro de Transparencia y Buen Gobierno que se celebrará en colaboración junto con el Ayuntamiento de Santander el próximo 3 de Diciembre en Santander.
Bajo la idea de que la información debe ser pública y estar disponible para todas las personas, el evento se centra en los dos ejes: la Transparencia (entendida como la apertura de la información pública para fomentar la participación ciudadana) y el Buen Gobierno tanto desde la esfera pública como privada (entendiendo así el término como las buenas prácticas que hacen la gestión eficiente, transparente, abierta a la rendición de cuentas para fomentar la participación de sus agentes de interés, etc).
Son numerosas las iniciativas y normativas que se han puesto en marcha en los últimos meses alrededor de todo ello. Desde la Ley 19/2013 de transparencia y buen gobierno, hasta los nuevos estándares de reporting internacionales de las organizaciones como son el GRI (Global Reporting Initiative), IIRC (International Integrated Reporting Council), el Pacto Mundial de la ONU, la norma ISO 26000 o el Código Alemán de Sostenibilidad que ofrecen un marco de directrices de cómo informar.
En España, ha habido iniciativas y propuestas para reconocer dentro de un marco legal empresas que tengan un claro compromiso social. Así, las SLIG (Sociedades Limitadas de Interés General), serían la fórmula legal propuesta que tendrían como modelo de negocio resolver un problema social, que aspira a generar un impacto social. Pero de momento en propuesta se ha quedado.
Unas 6.000 empresas cotizadas de más de 500 empleados de la Unión Europea deben informar ya sobre sus impactos sociales, medioambientales, laborales y de buen gobierno en sus informes de gestión, según una normativa recién aprobada por el Parlamento Europeo. Se trata de una iniciativa para divulgar información no financiera relevante y útil para las grandes empresas y PYMEs, porque los inversores y la sociedad en general, se beneficiarán de la transparencia.
Ya hay agentes de la sociedad civil pelean por ello en el día a día, como es la Plataforma Ciudadana European Coalition for Corporate Justice (ECCJ). Una plataforma en la que tengo personalmente mucha ilusión. En España, la Fundación SERES -Sociedad y Empresa Responsable-, Forética -que informa sobre el estado de la RSE en España, como este de 2015-, trabaja en temas parecidos.
Consecuentemente, la visión de este Fórum consiste en ser una fuente de información confiable para las personas, el funcionariado público, de la gestión de la gran empresa frente a la institución pública o medios de comunicación en la búsqueda de información y análisis sobre la gestión pública del día a día de forma constante, completa y objetiva.
Creemos que las organizaciones invertirán en los próximos años en la creación de áreas de compliance (en marcos anglosajones, las encargadas de evitar que una compañía inflija la ley y la ética). Las empresas cotizadas cada vez nombran más consejeros independientes -buena práctica de gobierno corporativo-, dan mayor peso a los grupos de interés (accionistas, organizaciones no gubernamentales, agentes de la sociedad civil, etc.), etc. Esto es algo que Transparencia Internacional lleva años divulgando. Otro proyecto en el que también tengo especial ilusión y motivación.
Como consecuencia de todo lo anterior, son cada vez más las empresas que ponen en marcha iniciativas y proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de las personas. Según una encuesta que Accenture realizó en 2013 a unos mil CEO de empresas de 103 países y 23 sectores, más del 80% cree que la sostenibilidad debe considerarse como una fuente de crecimiento, innovación y competitividad.
El problema hasta la fecha es que se ha creído en ello, pero tampoco se han lanzado muchas iniciativas. Veremos cambios también por aquí. La medición del impacto social que generan las empresas comienza a ser para muchas de ellas un eje de gestión más. Sobre todo, de cara a planificar los programas de Responsabilidad Social Empresarial, tomar decisiones adecuadas, contar con información veraz que determine el funcionamiento de estos programas para optimizarlos y lograr la consecución de los objetivos marcados.
Falta algo importante en este sentido: medir o monitorizar los impactos reales que estos programas generan en la sociedad para comprobar realmente su eficacia y poder optimizarlos progresivamente. Sin medición, no hay posibilidad de mejora ni optimización, dado que lo que no se mide, no se gestiona. No existe una metodología común de medición de impacto social extendida, sino que existen muchos sistemas con variables diferentes: LBG Model for Social Impact, SROI (Social ROI), Índice de Capacidades, Value Driver Model, Impact Reporting and Investment Standard (IRIS), Blended Value Propositiony Best Available Charitable Option (BACO). En España, ya existen informes sobre el impacto social de las empresas, como este elaborado por Deloitte y la Fundación SERES.
No hay que olvidar en toda esta envolvente la economía circular como modelo económico que busca romper la linealidad en el consumo de recursos para los procesos productivos, y fomentar el reciclaje. La Unión Europea aspira a que en 2030 el 70% de los residuos sean reciclados. En España, el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) ya trabaja en muchas de estas áreas. En Francia ya hay legislaciones para vía impositiva (especialmente, evitando el IVA) para fomentar que las empresas reciclen y metan los residuos de nuevo en la producción. El ciudadano del Siglo XXI, especialmente los millenials -los nacidos entre 1980 y los 2000-, cada vez son más conscientes de estas cuestiones, y cada vez más responsables a la hora de consumir; esto llevará a que las empresas tengan que ser más sostenibles.
Por último, cabe citar cambios incluso a nivel de forma jurídica. Hace un par de meses, Kickstarter anunciaba su reconversión a una Public Benefit Corporation. Una forma de protegerse ante la tendencia natural de una empresa en EEUU, como es la salida a bolsa, previa maximización de los beneficios. En definitiva, buscaba alinear su responsabilidad social, su misión empresarial, con su naturaleza corporativa (una compañía con ánimo de lucro pero destinada a producir un beneficio público). Un equilibrio entre los accionistas y los agentes de interés de la compañía (especialmente los “clientes”) que hace que la Responsabilidad Social Empresarial sea trazable y monitorizable de manera efectiva.
Este modelo de empresa (B Corporations o Benefit Corporations), nació hace años a raíz de dos casos muy conocidos. Ben Cohen y Jerry Greenfield, socios fundadores de Ben & Jerry’s tuvieron que vender su empresa a Unilever pese a su negativa cuando Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que los dueños no podían demostrar que el modelo de negocio y su gestión podía mejorar el beneficio que iban a recibir los accionistas si aceptaban la oferta de 326 millones de dólares de Unilever. Lo mismo les ocurrió a Bart Houlahan y Jay Coen, creadores de AND1, tienda de ropa deportiva de baloncesto, no pudieron rechazar los 250 millones de dólares que les ofreció American Sporting Good por su compañía por tampoco ser capaces de mejorar las expectativas de crecimiento de esta oferta de compra. La voluntad personal de los fundadores derrotada por la lógica económica.
Esta figura corporativa, que espero la veamos a futuro en nuestro país, añade muchos elementos interesantes y previamente comentados: transparencia, reporting con respecto al cumplimiento del fin social que tienen en su misión, certificaciones medioambientales y de responsabilidad social corporativa, donación de un 5% de sus beneficios tras el pago de impuestos a causas relacionadas reducción de la desigualdad y el mundo del arte y la cultura, así como el no utilizar nunca vacíos legales u otras estrategias de optimización fiscal para menguar los impuestos que pagan, etc. En definitiva, mucha relación con la transparencia y buen gobierno.
Para que la información, la transparencia y el buen gobierno sean ejes claves de una sociedad, debemos desde la esfera pública y privada apostar por ello. Nos vemos el 3 de Diciembre en Santander para hablar de todo ello.
