Los últimos datos de la Generalitat reabren el debate sobre delincuencia e inmigración

La cuestión de la inmigración y la seguridad lleva tiempo centrando el debate en Cataluña. Últimamente, algo está cambiando. En pocos días, el Gobierno central y la Generalitat han reconocido la multirreincidencia y la abultada presencia de extranjeros en las cárceles catalanas. 

Hasta hace poco, estos temas eran tabú en la sociedad catalana. La izquierda impuso su relato y cualquier que se opusiera era tildado de racista y extrema derecha. Finalmente, la realidad acabado imponiéndose e incluso los gobernantes empiezan a reconocer lo que hay.

Hace unos días, el Gobierno central y la Generalitat admitieron el problema de la multirreincidencia y anunciaron un plan de choque. Hasta ahora, hablar de un auge de la delincuencia y pedir más mano dura era sinónimo de difundir mensajes de odio. 

Esta misma semana, el Departamento de Justicia de la Generalitat ha reconocido lo que era un secreto a voces. Según los últimos datos, más del 50% de los internos en las cárceles catalanas son de nacionalidad extranjera. La población penitenciaria asciende a 8.595 personas, de las cuales 4.437 son inmigrantes.

Un dato llamativo teniendo en cuenta que en Cataluña la población inmigrante representa solo el 17,24%. Lo cual significa que el índice de criminalidad de los extranjeros es muy superior al de los españoles. 

Más leña al fuego 

Esto reabre el debate sobre la vinculación entre el aumento de la inmigración ilegal y el auge de la delincuencia. El tema sigue siendo tabú para la izquierda, mientras que partidos como Vox llevan tiempo denunciándolo en el Parlament. Hace solo unos días, Vox se preguntaba cuántas cosas se podrían hacer con el dinero que cuesta mantener a los presos extranjeros.

La formación pide directamente la expulsión de los extranjeros delincuentes. Según los datos de Justicia, cada recluso cuesta 141 euros al día. Esto supone 50.832 euros al año por recluso, que extrapolado a los extranjeros da una cifra de 222,7 millones de euros en total.

Vox recuerda que con este dinero se podrían sufragar 4,5 millones de visitas de atención primaria y construir 1.775 vivienda de protección oficial. También se podría costear el alquiler anual de una vivienda a 38.000 familias vulnerables, o pagar las becas comedor de más de 90.000 niños.

Para estas formaciones la cuestión es evidente: las políticas proinmigracionistas de los gobiernos han traído inseguridad y suponen un sobrecargo a las arcas del Estado. La solución es la deportación de los inmigrantes que vienen a delinquir.

En cambio, la izquierda sigue sosteniendo que estos discursos son racistas y fomentan el odio entre iguales. Partidos como PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP mantienen el cordón sanitario a las formaciones que plantean estas ideas -Vox y Aliança Catalana. Para estos partidos, el origen de la delincuencia no es la inmigración sino las desigualdades sociales, y se soluciona con más redistribución de la riqueza.