Portugal, otro país europeo que endurece su política de regularización de inmigrantes
El gobierno de Luis Montenegro se ha sumado a la tendencia europea adoptando una política migratoria restrictiva
En una medida drástica y decisiva, Portugal ha implementado nuevas reglas migratorias que eliminan la posibilidad de regularizar a inmigrantes que no poseen un visado consular de residencia. Este cambio entró en vigor esta semana tras la publicación de las modificaciones legales.
El decreto-ley publicado enmienda la ley vigente y deroga los procedimientos de permisos de residencia basados en manifestaciones de interés. Según el resumen del decreto, el gobierno considera que la posibilidad de regularizar inmigrantes sin un visado consular de residencia era una medida “irregular”. Según el ejecutivo portugués, comprometía “los principios asumidos por Portugal y sus socios europeos en el espacio Schengen”.
Este nuevo marco legal pone fin al régimen que permitía a un extranjero ingresar a Portugal con un visado de turista y luego solicitar un permiso de residencia. En su lugar, ahora se requiere que los inmigrantes tengan un contrato de trabajo o una solución previamente gestionada en la red consular portuguesa antes de su llegada al país. El ejecutivo portugués se ha justificado señalando el “abuso excesivo” de este atajo legal para los ilegales.
La derogación de los artículos que permitían la legalización de turistas extranjeros en Portugal, será seguida por una “revisión de la ley general en el parlamento” en los próximos meses. Esta revisión busca alinear la política migratoria portuguesa con los estándares y expectativas del espacio Schengen, reforzando los controles y regulaciones para la entrada y permanencia de extranjeros en el país.
Además de endurecer las condiciones para la regularización, el gobierno portugués ha anunciado la creación de una estructura de misión para regularizar los procesos pendientes. Este equipo trabajará para agilizar y resolver las solicitudes en curso, bajo las nuevas normativas establecidas.
El Plan de Acción para las Migraciones presentado por el gobierno portugués prioriza a ciudadanos de países lusófonos, así como a perfiles cualificados y estudiantes universitarios. Esta prioridad refleja un intento de atraer talento y fortalecer los lazos con la comunidad lusófona global. A la vez que intentan controlar y regularizar de manera más estricta el flujo migratorio.
La respuesta a estas nuevas medidas ha sido variada. Mientras algunos sectores aplauden la decisión del gobierno portugués de fortalecer sus políticas migratorias y alinearse con sus compromisos europeos.
Otros critican el impacto que estas medidas podrían tener en la comunidad inmigrante. Aun así el resultado del partido de derecha nacionalista CHEGA en las últimas elecciones demuestra que es una preocupación recurrente en el país.
Un fenómeno internacional
Así pues, Portugal se une a Dinamarca o el Reino Unido en la creciente oleada que pretende poner orden al descontrol migratorio que sufre Europa. El Reino Unido llegó a un acuerdo con Ruanda para deportar a sus ilegales ahí. Por su parte, el gobierno de Meloni firmó un acuerdo entre Italia y Albania para establecer a los ilegales en este segundo país, descongestionando Italia.
El gobierno socialdemócrata danés ha implementado un plan para frenar la inmigración. Este consiste en el endurecimiento de las condiciones de asilo, por un lado, y la agilización de las deportaciones de los irregulares, por otro. El resultado es claro, Dinamarca con 6 millones de habitantes recibió tan solo 2.255 solicitantes de asilo, comparado con 13.000 en Irlanda (y la misma población) y los 165.000 que recibió España.
Ahora los solicitantes de asilo pueden quedarse menos tiempo en el país. Y los que se quedan son sometidos a un programa de integración y de distribución para evitar la masificación de los barrios más castigados por la presión migratoria.
En contraste con la postura de Portugal y tantos otros estados europeos, España ha tomado un camino diferente. En mayo, el gobierno español aprobó la consideración de un plan para regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales, marcando una notable diferencia en las políticas migratorias de los dos países ibéricos.
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