Manresa, 3 de abril, una quincena de jóvenes rodean a una menor de edad, la amenazan, la agreden y le intentan robar el móvil. El padre de la víctima, que está cerca, intercede y consigue disuadir a los delincuentes, dos de los cuales acaban detenidos por los Mossos. Días antes, también en Manresa, otro grupo de jóvenes habían agredido a otro brutalmente con palos.
Olot, 14 de abril, una treintena de jóvenes se lía a golpes en pleno centro de la ciudad ante el pavor de los transeúntes. Todo empezó a raíz del robo de un móvil, y aunque hubo un gran despliegue policial, cuando llegaron los agentes la pelea ya se había disuadido. El número de delitos con violencia en la comarca ha subido un 28%, y la Policía Local de Olot ha decidido crear un grupo de patrullaje nocturno.
Tortosa, 14 de abril, dos bandas juveniles se enfrentan con palos y machetes en el centro de la ciudad. Al día siguiente, los mismos jóvenes vuelven a citarse para enfrentarse, con una inusitada violencia, y cuatro de ellos son detenidos. Los vecinos captaron un momento de la pelea, y a uno de los implicados bajando por una de las calles principales con un machete en la mano.
La suma de varios episodios recuerda a la oleada de violencia juvenil que apoderó de varias ciudades catalanas el verano pasado. Manresa (otra vez), Molins de Rei y Vic fueron escenario de varios altercados con un denominador común, el alto grado de violencia desatado mayormente por menores extranjeros. La repetición de esta dinámica lleva a preguntarse si ha vuelto la violencia juvenil a Cataluña, o si realmente nunca se fue.
No son casos aislados
El fenómeno se enmarca en un aumento sostenido de la inseguridad que lleva sufriendo Cataluña en los últimos años. La violencia de las bandas juveniles, formadas sobre todo por extranjeros, es un problema que presenta repuntes periódicos. Aunque Interior reconoció que lo del pasado verano no eran casos aislados sino un problema estructural que trascendía al ámbito local, no se han aplicado las medidas urgentes necesarias para erradicar el problema.
Los expertos advierten del riesgo de propagación del fenómeno de las bandas juveniles, en el que se mezclan muchos factores. Por un lado socioeconómicos, por la procedencia de sus integrantes, extranjeros sin perspectivas de futuro que encuentran en la delincuencia una forma de supervivencia y en la violencia una expresión de su frustración. Pero también factores externos, como el caótico modelo migratorio y el ecosistema legal que ofrece a los delincuentes una sensación de impunidad.
La situación es tan grave, que en muchas ciudades de Cataluña los vecinos, sobre todo chicas jóvenes y mujeres, tienen miedo de salir a la calle cuando oscurece. La policía puede actuar más fácilmente en ciudades pequeñas y medianas, pero en algunos barrios de grandes urbes ya casi ni se atreven ni a entrar. Son zonas tomadas por la delincuencia donde ya no rige el imperio de la ley y los vecinos tienen que elegir entre vivir un infierno cotidiano o irse a otra parte.
¿Antipunitivismo o mano dura?
Mientras, los gobernantes y la izquierda señalan la desigualdad como raíz del problema y convierten al delincuente en víctima. Si es verdad que las políticas sociales de integración pueden funcionar en algunos casos, los expertos también aseveran que en el caso de las bandas organizadas lo que funciona es la mano dura. Esto lleva a plantear un incómodo debate sobre el modelo policial y punitivo necesario para recuperar la seguridad en los barrios.
La izquierda propone medidas integradoras y antipunitivas que pasan por proteger a los delincuentes en aras de los derechos humanos. Pero en la sociedad hay cada vez más un clamor para que se reforme el código penal y se endurezca la ley de extranjería. Es decir, más mano dura para que la inmigración que llega se integre y produzca en lugar de delinquir y convertir los barrios en sus propios guetos.
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