Jaume Collboni se apunta a los cordones sanitarios

Jaume Collboni se ha unido a la tendencia de limitar los "discursos de odio" en espacios públicos, tomando como modelo la normativa que ya se está debatiendo en el Parlament. Recientemente, Collboni anunció que el Ayuntamiento de Barcelona está trabajando en una ordenanza para combatir los "discursos de odio y la discriminación". Durante una campaña contra la LGTBIfobia, Collboni destacó la importancia de no permitir la institucionalización de mensajes discriminatorios.

El alcalde de Barcelona señaló que estos discursos, que incluyen micromachismos y microrracismos, están afectando a países de la UE, como Hungría. El proyecto de ordenanza aún se encuentra en fase de revisión jurídica, pero se está llevando a cabo una prueba piloto en el distrito de Sant Martí. Este barrio, situado en la periferia de la ciudad, se caracteriza por su bajo nivel de renta y por una creciente tensión social en torno a la inmigración y la venta ilegal.

En Sant Martí, la entidad Unidad Contra el Fascismo y el Racismo, junto a la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), ha instado a los concejales a modificar el reglamento del distrito para prohibir los discursos discriminatorios y de odio en las sesiones plenarias. La propuesta incluye sanciones para quienes infrinjan el nuevo código de conducta, y podría incluso llevar a la expulsión de concejales. 

El precedente no está claro

En el Parlament, sin embargo, los planes de Collboni y otras iniciativas similares se enfrentan a un escenario más complejo. Los letrados del Parlament han advertido sobre los riesgos de actuar de manera arbitraria al intentar limitar los discursos ajenos. En su informe, los abogados subrayan que la libertad de expresión y la protección del discurso parlamentario están por encima del resto de consideraciones.

A pesar de esto, el presidente Rull ha manifestado su intención de tomar medidas contra Vox y AC, pero se ha topado con la jurisprudencia europea. El riesgo de arbitrariedad es una de las principales preocupaciones, ya que el control de las intervenciones parlamentarias debe ser racional y proporcional.

La estrategia de los letrados del Parlament es evitar que las limitaciones al discurso parlamentario afecten injustamente a algunos grupos y no a otros. En este sentido, algunos consideran que el cordón sanitario aplicado a Vox y Aliança Catalana es selectivo. Por el contrario, discursos como los de la CUP, que también pueden ser ofensivos, no reciben el mismo trato.

En resumen, el enfoque de Collboni y las iniciativas que se están implementando en el Ayuntamiento de Barcelona reflejan una creciente presión por regular la libertad de expresión. Sin embargo, la naturaleza del propio parlamentarismo hace difícil justificar que formaciones legítimamente votadas no puedan decir según qué cosas.