La Comisión Europea retrata a Pedro Sánchez y a Carles Puigdemont con la amnistía

En su alegato ante el TJUE, la Comisión Europea ha señalado que la amnistía “parece constituir una autoamnistía”. De acuerdo con el análisis de la Comisión, la ley responde más a un pacto político que a un interés general. La Comisión destaca así la evidencia de que los beneficiarios de la amnistía han sido claves en su aprobación en el Congreso.

Al otorgar inmunidad a los socios de Sánchez, la amnistía no solo otorga impunidad, sino que consolida una estructura que blinda legalmente a los políticos. Es decir, que a ojos de la comisión es un caso claro de mercadeo político. En ese sentido, los abogados de la Comisión subrayan un punto fundamental. Si se considera incompatible con el Estado de derecho que los políticos se autoamnistíen, dicen, también debería cuestionarse la amnistía española.

Además, el escrito remarca que la tramitación de la ley se llevó a cabo de forma urgente, eludiendo la consulta pública. Al margen de que no se tuvieron en cuenta importantes informes de órganos consultivos, como la Comisión de Venecia. Este procedimiento acelerado, según el informe, profundiza una polarización ya existente en la sociedad española.

Fin del argumento

Esta controversia sobre la ley de amnistía llega en un momento crítico, cuando el Tribunal Constitucional se prepara para dar luz verde a la ley. En cuanto a la Comisión Europea, su postura añade presión sobre el Gobierno de Sánchez, cuestionando la legitimidad de una ley. Ahora, a Sánchez se le acaba el argumento de que la amnistía ha sido en beneficio de la sociedad en su conjunto. Como decimos, para la Comisión es justo al revés: profundiza en la polarización.

Ahora bien, todas estas consideraciones del Ejecutivo europeo no son vinculantes. Será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que dictaminará el futuro de la amnistía. Por esto, el veredicto del Constitucional es relativamente secundario, además de previsible dada su politización.

De hecho, el Tribunal Supremo, con el juez Marchena al frente en este punto, ya dejó organizada su estrategia. Conscientes de que el Constitucional aprobaría la ley, la sala segunda preparó un recurso ante la justicia europea. En su recurso afirma que la ley es contraria a los intereses patrimoniales de la UE.