Retrasos en los juzgados de Olot
La situación de la justicia en Cataluña es un problema desde hace muchos años
La situación de la justicia en Cataluña es un problema desde hace muchos años. La falta de inversión y de personal, dotando a los diferentes juzgados del país de las herramientas necesarias para realizar el trabajo que tienen encomendada, hace que los retrasos en procedimientos que deberían resolverse en cuestión de meses lleven atascos años y cerraduras.
Hoy les vengo a llevar el ejemplo personal de los juzgados de Olot. Donde a mí o a mi entorno más directo nos han suspendido hasta en tres ocasiones, ya, una vista por resolver un litigio con una entidad financiera por el cobro de intereses abusivos con las tarjetas revolving.
Unos aplazamientos, sin justificación alguna, que hacen que el denunciante acumule una deuda con la emisora de la tarjeta que ya podría estar resuelta si el juzgado hubiera dictado sentencia y se hubiera podido liquidar. Con todo lo que esto significa, en cuanto a poder optar a financiación o listas de morosidad.
Mi familia y yo también esperamos, desde agosto de 2021, para testificar ante el juez instructor por una denuncia interpuesta contra la residencia donde asesinaron a mi abuela durante el Covid. Tras un gran trabajo en muy poco tiempo de los Mossos de la comisaría de Olot, entrevistando a los trabajadores y aportando las pruebas que probaban un presunto hecho delictivo, el primer juez que cogió el caso acabó archivando sin demasiada argumentación.
Por suerte, después, y viendo todos los indicios que apuntaban hacia la comisión de al menos un par de delitos, otra jueza decidió reabrir el caso. Pero en estos casi tres años y medio, servidor como denunciante, todavía no ha prestado declaración.
Aunque se me citó en un par de ocasiones, a última hora siempre se acabó aplazando la citación. Con el perjuicio que esto supone para alguien que no vive la mayor parte del tiempo en Olot, y que debe pagar billetes de avión con antelación cuando le llega la cita. Perdiéndolos, evidentemente, y sin derecho a reclamar nada.
Es imperiosamente urgente que la administración de Salvador Illa, concretamente el consejero de Justicia, Ramón Espadaler, se ponga las pilas con esta cuestión. Que visite uno a uno los juzgados de Cataluña, que no dudo de que ya habrá empezado a hacerlo, para conocer la situación que viven cada uno de ellos.
Para empezar a remediar un problema endémico que perjudica a cientos de ciudadanos y empresas y añade sufrimiento a algunas familias que han visto sesgadas sus vidas. Poder confiar en la justicia, y que esta sea rápida y efectiva, más aún en aquellos casos que no son complejos, es vital para cualquier país.
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