Del tsunami azul a la posible marea roja

Esto de la política es un sin vivir permanente. No habíamos empezado a digerir los resultados del 28 M y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoca elecciones generales para el 23 de julio. 

El pasado domingo la derecha y la derecha extrema asestaron a la izquierda un golpe muy difícil de encajar. Los populares obtuvieron un éxito incontestable tanto en las elecciones autonómicas como en las municipales. El PSOE perdió, por lo menos, seis de las diez comunidades que gobernaba.

Ni la joya de la corona que era Valencia, ni Extremadura, ni la Rioja, ni Baleares, ni Aragón pudieron aguantar el empuje de los populares acompañados por Vox.  Tan solo en Castilla la Mancha y Asturias los del puño y la rosa seguirán firmando en el Diario Oficial, mientras que Canarias queda en el aire pendiente de un pacto con Coalición Canaria y en Navarra el Gobierno autonómico pende de un hilo.

Pero no solo eso, en el ámbito municipal las cosas el 28 M no fueron mejor para el socialismo. En ayuntamientos como los de Sevilla, Valencia o Valladolid, Mallorca o Murcia, de la mano de Vox, los populares podrán gobernar sin mayores problemas. Por si todo eso fuera poco, el PP ha arrollado con mayorías absolutas en Madrid, Málaga, Cádiz o Granada.

Esa situación ha sido posible primero porque PP y Vox han recogido todos los votos que Ciudadanos ha perdido en su hecatombe, segundo, gracias a que los socialistas han perdido, respecto a los comicios de 2019 unos cuatrocientos mil votos y, también, porque IU-Podemos, y esa izquierda diversa y dispersa como Compromís o Más Madrid se ha descalabrado y se ha quedado fuera de casi todas las instituciones.

Ni que decir tiene que, ante esa situación tan poco halagüeña, la noche del 28 al 29 de mayo fue, cualquier cosa, menos relajada y plácida en la Moncloa. Cuando las cosas ya empezaban a estar claras, Sánchez habló con algunas personas de su entorno más inmediato  y convocó en la sede del Gobierno a los más cercanos: María Jesús Montero, número dos del PSOE; Félix Bolaños, ministro de la Presidencia; Óscar López, jefe de Gabinete  y Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE. 

El encuentro se produjo pasada la medianoche, cuando era ya evidente que el desastre electoral del PSOE era mucho mayor del esperado y se perdían casi todas las comunidades en manos de los socialistas. Se pusieron encima de la mesa las posibles salidas que no incluían el adelanto electoral, desde un cambio profundo en el Gobierno a la más evidente, con la que se especulaba en el PSOE: la ruptura de la coalición con la salida del Ejecutivo de los ministros de Unidas Podemos. Pero Pedro Sánchez tenía claro que esa decisión no conducía más que a una agonía de seis meses de disputas internas y un martirio permanente por parte de la oposición obsesionada por derogar el “sanchismo” —como dicen ellos— y todo lo que tenga que ver con el progreso. En consecuencia, Sánchez tomó la decisión de convocar elecciones.

A Pedro Sánchez se le podrán criticar muchas cosas y, seguramente, tendrá muchos defectos, pero, desde luego, no es un hombre fácil de amedrentar. Por eso, la noche de autos su reacción fue drástica y rápida,  a la mañana siguiente y tras informar al Jefe del Estado, anunciaba, en comparecencia ante los medios, que había decidido adelantar las elecciones generales al 23 de julio ante el riesgo de que un desgaste más largo de su Ejecutivo en los próximos meses, con una derecha envalentonada tras su rotundo éxito electoral, pudiese acabar con una mayoría absoluta y rotunda del PP y Vox.
Nos quedan, hasta llegar al 23 J, siete semanas que pueden ser de todo menos fáciles y cómodas. Además, venimos de una campaña electoral extensa e intensa y ya tenemos otra a la vista. El presidente nos pone, en especial a los progresistas, ante la tesitura de tener que decidir casi inmediatamente si queremos consolidar el resultado de las elecciones autonómicas y municipales, que entrega casi todo el poder al PP y Vox, y permitir que sea Alberto Núñez Feijóo el que llegue también a La Moncloa, o nos movilizamos para impedirlo. 

Como no puede ser de otro modo, llegado el momento, cada cual votará según su manera de ver y entender la vida. Nada que objetar. Ahora bien, seamos conscientes de que en el cajón del Congreso de los diputados quedan casi sesenta leyes por aprobar, la mayoría de gran calado social; si el Gobierno de progreso tiene continuidad se podrán recuperar y sacar adelante, pero si gana la derecha, dormirán el sueño del olvido eterno.
De igual manera, si el PP en julio puede formar gobierno, tanto si es en solitario como con la compañía de Vox, tengamos claro que las pensiones no subirán como el IPC sino un 0,25%, que se derogará le reforma laboral y volveremos a los contratos en precario o que se derogarán leyes como la de la eutanasia o la de la vivienda entre otras muchas. Y es evidente que la tensión entre el independentismo catalán y el Gobierno central subirá de forma exponencial, que es lo mismo que decir que la fractura social entre los catalanes, que aún no ha cicatrizado, volverá a supurar.    

Solo una gran marea roja, preñada de ilusión y ganas de progreso, podrá parar ese tsunami azul que amenaza con llevarse por delante todo las conquistas sociales conseguidas en los últimos años.