Hacienda confirma la fecha exacta: nueva obligación desde febrero de 2025
A partir del 3 de febrero del año que viene Hacienda va a requirir algo más de información de algunos contribuyentes
Con el objetivo de reforzar la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, Hacienda ha anunciado una nueva medida. Esta exigirá a las empresas identificar a sus titulares reales.
Esta obligación de Hacienda, que entrará en vigor en 2025, marcará un hito en la transparencia fiscal empresarial. Se enmarca dentro de las directrices europeas para mejorar la cooperación administrativa en materia tributaria.
La transparencia, clave para combatir el fraude
A partir del 3 de febrero de 2025, todas las empresas que interactúen con el Censo de empresarios, profesionales y retenedores tendrán que incluir información detallada sobre los verdaderos propietarios de los negocios. Esto será necesario tanto para altas, bajas como para cualquier modificación censal.
Hacienda busca con esta medida evitar estructuras opacas que puedan facilitar el ocultamiento de ingresos o bienes y mejorar la trazabilidad de las actividades empresariales.
Las compañías deberán facilitar datos clave sobre los titulares reales, como nombre, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad y país de residencia, entre otros. Esta información se gestionará a través del Modelo 036, la herramienta utilizada para actualizar datos en el censo empresarial.
La medida de Hacienda afectará tanto a empresas nacionales como extranjeras que operen en España mediante establecimientos permanentes. También a entidades en régimen de atribución de rentas.
Una normativa de origen europeo
La nueva obligación es fruto de la Ley del 24 de mayo de 2023, que adapta a la normativa española la Directiva Europea de Cooperación Administrativa (DAC 7). Este marco legal no solo busca reforzar la transparencia en el ámbito empresarial. También pretende ampliar las herramientas de supervisión fiscal.
El impacto de esta normativa de Hacienda será amplio, obligando a las empresas a implementar nuevos procesos para garantizar el cumplimiento. Aunque supone una mayor carga administrativa, la medida pretende disuadir prácticas ilícitas y garantizar que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias.
Desde Hacienda destacan que esta exigencia es un paso crucial en el esfuerzo por crear un sistema fiscal más justo y eficiente. Cierra posibles lagunas que puedan ser utilizadas para eludir impuestos. Se trata de un avance significativo en la vigilancia de actividades económicas y un mensaje claro de que el fraude no tiene cabida en el entorno empresarial español.
A medida que se acerca la fecha de entrada en vigor, será fundamental que las empresas revisen y ajusten sus sistemas de gestión para cumplir con las nuevas exigencias. Hacienda, una vez más, demuestra que su prioridad es maximizar la transparencia y el control en la economía española.
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