El plazo que tiene Hacienda para cobrar una deuda y que deja a muchos sorprendidos

Cuando se trata de deudas con Hacienda, la Administración no las olvida ni las deja pasar. A pesar del tiempo transcurrido, existen plazos largos para que estas deudas puedan ser reclamadas, y la Agencia Tributaria dispone de herramientas legales para asegurar que el dinero adeudado se pague.

Tal y como estipula la Ley General Tributaria, el plazo de prescripción de una deuda con Hacienda es de cuatro años. Bajo ciertas condiciones, sin embargo, este plazo puede extenderse de forma casi indefinida.

¿Cuatro años o más?

Según lo establecido en el artículo 66 de la Ley General Tributaria, las deudas con Hacienda prescriben a los cuatro años. Esto significa que, una vez pasado ese periodo sin que haya ningún proceso de reclamación, la Administración pierde el derecho a determinar la deuda mediante la oportuna liquidación y a exigir su pago. En teoría, después de esos cuatro años, Hacienda ya no podría reclamar la deuda.

Sin embargo, la situación cambia radicalmente si durante ese plazo de cuatro años Hacienda inicia cualquier acción para exigir el pago. Si esto ocurre, el plazo de prescripción se interrumpe, y comienza de nuevo un periodo de cuatro años.

En otras palabras, cada vez que Hacienda realiza una notificación, envía un requerimiento o toma cualquier medida de reclamación, el contador se reinicia. Esto implica que una deuda puede mantenerse activa durante mucho más tiempo si Hacienda continúa sus acciones para cobrarla, prolongando la obligación de pago hasta que se resuelva la situación.

Este reinicio del plazo convierte el proceso de prescripción en algo mucho más complejo. Basta con que Hacienda realice una notificación dentro del periodo de los cuatro años para que la deuda siga siendo exigible por un nuevo periodo.

Por tanto, la única forma en que una deuda prescriba es que Hacienda no realice ninguna acción durante esos cuatro años, lo que es poco probable. La Agencia Tributaria suele estar atenta a cualquier incumplimiento.

Además, en caso de que se detecte un delito fiscal contra la Hacienda Pública, los plazos de prescripción se amplían dependiendo de la gravedad. Si la cantidad defraudada supera los 120.000 euros, el plazo de prescripción se extiende a cinco años. Pero si la cantidad supera los 600.000 euros, el plazo para que Hacienda pueda reclamar aumenta a diez años.

Para aquellos con deudas pendientes, confiar en la prescripción no es una estrategia segura. La Agencia Tributaria tiene mecanismos eficaces para garantizar que esas deudas no queden olvidadas.