La condición que ha puesto la Seguridad Social para que tu empresa pueda despedirte

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, junto con la Seguridad Social, ha modificado el artículo 49.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015. Este cambio endurece las condiciones para que las empresas puedan despedir a trabajadores con incapacidad permanente.

Antes, el despido era automático, pero ahora las empresas deben cumplir requisitos más estrictos para justificarlo. Esta medida de la Seguridad Social busca proteger los derechos de los trabajadores con discapacidad y evitar que sean despedidos injustamente.

La Seguridad Social hace cambios en las condiciones de despido

Ahora, para despedir a un trabajador con incapacidad permanente, las empresas deben demostrar que no tienen recursos suficientes para mantenerlo en plantilla. Esto incluye probar que las subvenciones, la facturación y el estado general del negocio no permiten readaptar el puesto. Es decir, la empresa debe justificar ante la administración de Trabajo que el despido es la única opción viable porque mantener al trabajador supondría un “coste excesivo” para el negocio​.

Tras la notificación de la incapacidad permanente, el trabajador tiene un mes para decidir si quiere seguir en su puesto o abandonar el trabajo. Si elige continuar, la empresa dispone de tres meses para adaptar el puesto a sus nuevas necesidades, reubicarlo en otra posición compatible o, si no es posible, proceder al despido. Durante este periodo, el trabajador recibirá la prestación por incapacidad temporal, lo que comúnmente se conoce como la baja médica.

La ley obliga a las empresas a hacer los ajustes necesarios para adaptar el puesto a la situación del trabajador. Esto incluye valorar si los costos de adaptación pueden ser cubiertos por ayudas públicas.

Si los gastos de adaptación son demasiado altos en comparación con el tamaño, salario medio o negocio de la empresa, el despido podría justificarse. Los ajustes deben ser “razonables”, y la empresa deberá demostrar que no puede sufragar estos costes sin afectar significativamente sus finanzas​.

Este cambio normativo de la Seguridad Social busca proteger el empleo de las personas con discapacidad y asegurar que las empresas no opten por su despido como la primera opción. Sin embargo, se espera que esta nueva regulación genere conflictos entre empleados y empleadores.

Las diferencias en la interpretación de qué constituye un ajuste “razonable” o un “coste excesivo” podrían llevar a disputas legales. Estas modificaciones en la ley podrían resultar en un aumento de los casos en los tribunales relacionados con despidos de trabajadores con incapacidad permanente